Buena parte de esas iniciativas de ley son las que ha estado pidiendo la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala para romper el cí­rculo vicioso que nos tiene de rodillas y otras pretenden facilitar el crecimiento económico del paí­s. En resumidas cuentas se puede decir que es un esfuerzo notable el que han realizado la Presidencia y el Congreso de la República, puesto que es obvio que en el Organismo Legislativo no ha existido sentido de responsabilidad a lo largo de este perí­odo en el que se privilegian inútiles e infructuosas interpelaciones que no aportan absolutamente nada porque, sencillamente, están ejecutadas como táctica dilatoria y no como instrumento de control. Establecer el plazo de cuatro meses para la aprobación de dieciséis leyes nos parece correcto y razonable, porque nos permite a los ciudadanos estar vigilantes y demandar a los diputados cumplimiento de ese compromiso alcanzado ayer. Obviamente todos podrí­amos realizar nuestra propia tabla de prioridades aun dentro de esas mismas dieciséis leyes, pero lo importante es que ya fueron reconocidas como fundamentales para esta etapa y por lo tanto que se cumpla lo pactado entre el Ejecutivo y los dirigentes de los partidos que tienen representación parlamentaria. Justo es decir que la interpelación es un instrumento muy noble al servicio de los diputados para ejercer control sobre el poder Ejecutivo, pero en Guatemala no ha sido utilizado correctamente a lo largo de la historia, sea porque las aplanadoras oficiales lo convertí­an en un ejercicio inútil, o porque los partidos de oposición lo usan como un medio para entrampar la discusión de otros asuntos de gran importancia. Es patética la forma en que se ha manoseado la interpelación, al punto de que en realidad no pasa de ser una gran pérdida de tiempo y valdrí­a la pena que se modificaran los procedimientos para rescatarla como instrumento de control y fiscalización. Si el Congreso cumple con el acuerdo de discutir y aprobar las dieciséis leyes consensuadas, el paí­s puede dar un paso muy importante no sólo en la lucha contra la impunidad, sino en cuestiones como la corrupción con la ley de enriquecimiento ilí­cito y avanzar en el crecimiento económico. Obviamente quedará todaví­a mucho por hacer, pero por algo tenemos que empezar y ese acuerdo permite empezar a ver alguna luz en el túnel.