En los últimos años, en muchos sectores de Guatemala, la relación violencia y juventudes ha sido mayoritariamente visible, derivado de la forma execrable con que se ejecutan muchos crímenes; esto ha generado la percepción que las y los jóvenes y la criminalidad son casi sinónimos.
Diversos estudios en nuestro país han buscado identificar factores de riesgo de la participación e involucramiento de la juventud en actos violentos. Algunos de ellos fueron tomados en cuenta durante el proceso de actualización de la Política Nacional de Juventud 2012-2020, presentada por el Gobierno en el marco de la Celebración del Día Nacional e Internacional de la Juventud; persiguiendo que con esto, la misma sea una herramienta básica para el cambio y el protagonismo que necesitan las personas jóvenes.
Esta Política reconoce que las juventudes se enfrentan a múltiples violencias, unas visibles (física, por ejemplo), y otras invisibles, como la exclusión, principalmente la asociada con la propia condición juvenil. También aporta que la violencia más allá de la criminal, está íntimamente ligada a la negación del goce de los derechos humanos básicos.
“Las caras que nadie quiere ver”, folleto realizado recientemente por el Programa de Fortalecimiento Institucional del Sector Juventud en Guatemala de la Unión Europea –PROGRAMA JUVENTUD–, indica que así como las violencias son múltiples, sus efectos también lo son. Alrededor de 7 mil personas mueren asesinadas cada año en este país, de las cuales más del 60% son jóvenes. Gran porcentaje victimarios, gran porcentaje víctimas.
También la Primera encuesta nacional de juventud en Guatemala (ENJU 2011), realizada por el Consejo Nacional de la Juventud –CONJUVE– el año pasado, refleja que las amenazas y presiones de maras o pandillas (17.18%), son las formas de violencia que más afectan a la juventud, mayoritariamente en las edades comprendidas entre los 19 a 24 años. La calle, es el principal espacio donde ocurre violencia hacia la juventud, con el 80% de respuestas por parte de los entrevistados.
En contraste, cuando se preguntó a las y los jóvenes sobre las acciones más importantes que se deberían realizar para prevenir la violencia en Guatemala, la principal respuesta, con un 43.91%, está relacionada con la ampliación de la educación, salud, empleo y seguro social.
Estos datos sustentan una visión innovadora desde la institucionalidad de juventud de la importancia de dar respuesta a las problemáticas y necesidades de las juventudes, desde las Políticas Públicas. La Política Nacional de Juventud 2012-2020 tiene entre sus principios el Pacto por la Paz, Seguridad y Justicia; vital intervención estratégica que va más allá de lo sectorial para transversalizar la atención a la población, más a aquella que había sido condenada al olvido por parte del Estado y su quehacer.
No se puede dejar de mencionar que la violencia explícita no permite advertir la presencia de una violencia sigilosa y embrionaria que desde el hogar se convierte en un motor perverso de la violencia del presente y del futuro, recinto en donde la responsabilidad es compartida entre el Estado y los padres de familia.
El reto es responder estratégicamente a esos derechos de las juventudes, para evolucionar y combatir no sólo el crimen organizado y el narcotráfico, sino también las desigualdades y la falta de oportunidades. La construcción de una Nación pasa por el reconocimiento del derecho y la obligación que todas y todos vivamos en paz, en el caso de la juventud, siendo generadora de su propio desarrollo.