Los kenianos deberán votar el miércoles si adoptan por referéndum una nueva Constitución redactada para moderar los poderes del presidente y eliminar injusticias históricas, en especial sobre la adquisición de tierras, que alimentaron las violencias poselectorales de 2007.
Unos 12,6 millones de kenianos deberán pronunciarse sobre este proyecto de Carta Magna al término de una tensa campaña marcada por un atentado, cuya autoría aún no se conoce, que dejó seis muertos el 13 de junio en un mitin de la oposición a la reforma en un parque del centro de Nairobi.
La reforma de la actual Constitución, adoptada tras la independencia del país en 1963, es el fruto de una gran crisis política que comenzó tras la controvertida reelección del presidente Mwai Kibaki a finales de 2007 y que dejó unos 1.500 muertos.
El acuerdo para formar un gobierno de coalición firmado en febrero de 2008 entre Kibaki y su rival Raila Odinga, que es ahora primer ministro, incluía una reforma constitucional.
El nuevo texto suprime el cargo de primer ministro creado por el acuerdo de 2008 para compartir el poder y conserva un régimen presidencial aunque con poderes moderados, en especial a través de un mayor control del Parlamento sobre los nombramientos decididos por el Ejecutivo.
Asimismo crea una Cámara Alta en el Parlamento, el Senado, e inicia un símil de descentralización con una partida del presupuesto estatal para un nuevo escalón administrativo: el condado.
Pero, sobre todo, la nueva Constitución incluye una reforma crucial para la adquisición de propiedades que prevé, a término, un examen profundo sobre las modalidades para adquirir tierras públicas de las cuales algunas fueron acaparadas por las más altas esferas del Estado.
El proyecto abre la vía para limitar el tamaño máximo de una propiedad privada y da a las mujeres iguales derechos sobre la tierra, principalmente en cuanto a las herencias.
Pero estos temas fueron relegados a un segundo plano de la campaña. Los «rojos», partidarios del «no», liderados por las iglesias tradicionales y evangelistas, combatieron dos puntos específicos del proyecto: el aborto terapéutico y los tribunales islámicos familiares.
El nuevo texto mantiene la prohibición del aborto, con la excepción de casos en que la madre corra peligro de muerte, una cláusula interpretada por los adversarios al proyecto como un primer paso hacia la legalización del aborto en el país.
De la misma manera, se oponen a que se mantengan los kadhis, tribunales islámicos a cargo de solucionar los diferendos familiares (divorcio, herencias, etc) entre musulmanes, que otorga, según ellos, derechos específicos a una religión. Los kadhis ya figuran en la actual Constitución.
Una victoria de los «verdes», es decir de quienes militan por la adopción de la nueva Constitución, que según los sondeos son mayoría, permitiría al presidente Kibaki cumplir ocho años después una promesa de su campaña electoral de 2002 contra el presidente saliente Daniel Arap Moi.
Kibaki había sufrido una derrota en 2005 en un primer referéndum cuyo objetivo era terminar con el régimen presidencial fuerte que había encarnado Arap Moi durante 24 años.
El «no» a la reforma se había impuesto en aquella oportunidad por un 57% de los votos. El actual primer ministro, Odinga, había militado en contra de la reforma.
Este año, Kibaki y Odinga hicieron campaña por el «sí» en una extraña alianza que relegó a un segundo plano las profundas divisiones en el gobierno de coalición y los preparativos para las elecciones generales de 2012.