El presidente afgano Hamid Karzai firmó hoy el decreto que fija un plazo de cuatro meses, anunciado la víspera, para la disolución total de las empresas privadas de seguridad que operan en el país.
«Apruebo la disolución total de las compañías privadas de seguridad, afganas e internacionales, en un plazo de cuatro meses», escribió Karzai en su decreto.
La presidencia afgana había anunciado el lunes su intención de disolver antes del 1 de enero de 2011 todas la compañías privadas de seguridad, elementos cruciales del dispositivo de la OTAN.
Unas 40.000 personas trabajan en Afganistán en el floreciente sector de la seguridad. Las empresas extranjeras prestan frecuentemente sus servicios a las fuerzas internacionales que ocupan el país desde fines de 2001, al Pentágono, a la representación de la ONU, a las compañías encargadas de administrar las ayudas, a las ONG y a los medios de prensa occidentales.
Uno de los reproches de Karzai es que estas compañías contratan afganos que podrían formar parte del ejército o la policía. El decreto presidencial estipula que este personal afgano podrá integrarse a unidades de la policía, con o sin sus armas.
Los extranjeros -con frecuencia ex militares que ocupan puestos directivos o de formación a cambio de salarios consecuentes- podrán dejar el país tras vender sus armas o llevándoselas consigo. «Sus visas serán anuladas», precisó el decreto.
El texto prevé también la confiscación de las armas de compañías de seguridad «ilegales», que no se encuentren registradas ante el Ministerio del Interior.
Por su parte, las embajadas, los organismos internacionales y las organizaciones humanitarias podrán tener guardias para garantizar su seguridad en el interior de sus residencias y oficinas. La seguridad del exterior correrá a cargo de la policía afgana.
La seguridad de los convoyes de abastecimiento de las fuerzas internacionales -una de las misiones más importantes y peligrosas de las compañías- será garantizada por el ejército, la policía y los servicios especiales afganos.
El decreto firmado por Karzai precisaba que no se trata de revisar las condiciones de registro o de funcionamiento de estas empresas, sino de asegurarse de que dejen el país.
El problema, para Kabul, es «la manera como funcionan en Afganistán, cómo acabaron convirtiéndose en fuerzas alternativas al gobierno y todos los problemas que crearon», había señalado Waheed Omer, portavoz del presidente.
Sin embargo, la decisión de Kabul parecía prematura, debido a que el ejército y la policía afganos no estarán listos para garantizar la seguridad del país antes del 2014.
Al igual de lo que sucedió en Irak, donde las compañías de seguridad aparecieron con fuerza, en Afganistán éstas se volvieron ineludibles, protegiendo los convoyes de abastecimiento de la OTAN o al personal extranjero que trabaja en programas de cooperación internacional, y también entrenando a las fuerzas de seguridad afganas.
El portavoz de las fuerzas internacionales, el general Josef Blotz, se manifestó el lunes a favor de la disolución de las compañías, pero subrayó que se necesitaban condiciones propicias para que el control pasara al ejército y a la policía afganos.
El Pentágono, uno de los principales clientes de las compañías, matizó el lunes que apoyaría una retirada escalonada.
«Continuaremos trabajando con el gobierno afgano» para «planear una reducción progresiva en el número (de compañías), en función de las condiciones de seguridad», indicó Bryan Whitman, portavoz del Pentágono.