Los juzgados de primera instancia en Guatemala, especialmente en el ramo penal y civil, tienen serios problemas para atender un enorme cúmulo de expedientes que se incrementan a diario, al punto que, como el sistema de justicia, están saturados hasta en un 90 por ciento. De acuerdo con estadí­sticas oficiales, los juzgados penales y civiles de primera instancia han recibido hasta septiembre de este año más de 20 mil 300 casos. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reconocen el problema, pero parecen resignados a ver cómo crecen a diario las pilas de solicitudes sin que sean efectivamente tramitadas.

Estadí­sticas del Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial (CENADOJ) refieren que, de enero a septiembre a los juzgados de primera instancia penal, en el municipio de Guatemala han ingresado 10 mil 924 casos, que se derivan de denuncias, prevenciones policiales, requerimientos del Ministerio Público, querellas, procedimientos de medidas de seguridad y corrección y procedimientos especiales de averiguación.

En el ramo civil, las actuaciones judiciales hasta septiembre suman 9 mil 444, que se derivan de juicios ordinarios, sumarios, ejecutivos, ejecutivos en la ví­a de apremio, orales, voluntarios, pruebas anticipadas, providencias cautelares, providencias de urgencia, incidentes, declaratoria de interdicción y declaratorias de ausencia.

En el ramo penal existen 11 juzgados, de los cuales el primero está constituido como de mayor riesgo y no registra casos según el CENADOJ. El juzgado quinto, que actualmente conoce casos de extinción de dominio, no presenta ningún caso según los reportes oficiales. En el ramo civil son 15 los juzgados que operan en el municipio de Guatemala.

En el ramo penal, los juzgados cuarto y del sexto al undécimo registran el mayor número de actuaciones judiciales. El juzgado séptimo ha recibido 1557 casos y el décimo 1139, haciéndolo el que menos ha recibido dentro de los juzgados identificados al inicio del presente párrafo.
 
En el campo civil, los juzgados del undécimo al décimo quinto, todos sobrepasan los 1 mil casos recibidos este año.

La media de casos por los nueve juzgados activos en ramo penal, según los datos oficiales, serí­a de 1,213.77 casos en nueve meses, lo que da un estimado de 134.68 casos por mes.

La media en el campo civil es de 629.6 casos por juzgado en nueve meses, lo que da un estimado de 69.95 casos por mes.

Todo lo anterior, sin contar los casos que se siguen llevando en los tribunales de juzgados anteriores.

El caudal de procesos parece muy difí­cil de atender, especialmente si se tiene en cuenta las carencias que afectan el funcionamiento de los saturados juzgados.

De acuerdo con la estructura básica, un juzgado está integrado por un juez, un secretario, de tres a cuatro oficiales,  igual número de notificadores y un comisario.

Sin embargo, el número de oficiales y notificadores varí­a según la naturaleza y el volumen de trabajo de cada tribunal. No en todos los casos se cuenta con suficiente personal para procesar las solicitudes que reciben.

La desproporción entre la cantidad de trabajo y los expedientes ingresados tiene un impacto en el sistema de justicia, pues retrasa procedimientos y, a la larga, complica la resolución de casos. Todo lo anterior, a pesar que  el ordenamiento jurí­dico del paí­s establece que la justicia debe ser pronta y cumplida.

SIN LíMITES

César Barrientos, magistrado presidente de la Cámara Penal de la CSJ, considera que los juzgados tienen que responder a las necesidades y a la demanda de justicia del Ministerio Público (MP).

“Si son mil casos, mil; si son tres mil, tres mil; no hay un lí­mite. Lo que pasa es el lí­mite humano”, reiteró el togado.

Al ser consultada sobre la capacidad de los juzgados, la presidenta de la CSJ, Thelma Aldana, indicó que en general, el 90 por ciento del sistema de justicia tiene una excesiva carga de trabajo.

 â€œNo se puede decir un número mágico, depende de las audiencias que cada ramo maneje, lo que sí­ le sé decir es que el 90 por ciento de los juzgados y tribunales tienen excesiva carga de trabajo”.

Aldana coincide con César Barrientos, al indicar que no se puede cuantificar cuántos procesos debiera conocer cada judicatura por razones del ramo y porque cada proceso tiene sus particularidades.

No podemos decir que conozcan 500 o 600, porque puede ser que haya un proceso que tenga 100 audiencias en lo civil por ejemplo, entonces cuantificar así­ con números cerrados yo no me atreverí­a a darle una cantidad”, puntualizó la togada.