En el proceso penal contra los hermanos Francisco José Ramón y José Estuardo Valdés Paiz, el Juzgado Segundo del Ramo Penal solicitó a la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, el requerimiento de ampliación de la prisión preventiva para los sindicados.
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Según la información del juzgado, la prórroga se hizo tomando en cuenta que la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aún no ha resuelto la recusación contra Carlos Aguilar, titular de la judicatura, planteada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que busca separarlo del proceso.
En el proceso las prórrogas a las salas jurisdiccionales se harán hasta que la CSJ emita la resolución en cuanto a la recusación, para poder así llevar a cabo la audiencia de etapa intermedia.
PRISIÓN PREVENTIVA
El Código Procesal Penal establece un periodo de tres meses como plazo máximo mientras se diligencia una acusación; sin embargo, según explicó Oswaldo Samayoa, director de Incidencia Política del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG), si a este tiempo el MP no tiene los elementos suficientes para presentar la investigación, pueden pedir una ampliación de la privación de libertad, y ésta puede llegar incluso a un año.
Samayoa también indicó que según la normativa legal, la medida debe ser solicitada cada tres meses.
Los hermanos Valdés Paiz fueron ligados a proceso el 7 de julio del año 2010, ambos se entregaron a la justicia el 28 de junio del 2010; son sindicados de ser los presuntos autores intelectuales de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg.
Mañana vence la última prórroga de 4 meses solicitada por la judicatura. El actual requerimiento deberá ser resuelto por la Sala Segunda de Apelaciones, en un plazo igual o menor al anterior, según la información.
RECUSACIÓN
Un amparo presentado por la CICIG, en contra de la decisión de la Sala Segunda de Apelaciones de mantener en el proceso a Aguilar, mantiene en suspenso el caso.
El 30 de julio del presente año, dicho órgano confirmó a Aguilar en el proceso. La CICIG señala que el juzgador ha manifestado grave enemistad con el comisionado Francisco Dall’Anese.
En febrero, por orden de Aguilar, la Comisión había quedado fuera de la investigación, pues el togado resolvió que no es función de la CICIG perseguir delitos comunes.
Los argumentos de la CICIG para separar al togado refieren que existe una supuesta violación a los derechos constitucionales, ya que consideran que la resolución de la Sala Segunda no reunía los requisitos mínimos de fundamentación, por lo que se dejaron de conocer ciertos puntos.
El togado ha manifestado en varias ocasiones que no existe tal enemistad, y que él rebatió declaraciones de Dall’Anese, cuando era presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial (AJMOJ), y que por lo tanto no fungía como juzgador.
De la misma forma, la defensa técnica de los sindicados alega que las acciones del ente investigador retrasan el avance del caso.