La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no aprobó en Pleno la propuesta de nombrar jueces auxiliares para el Juzgado Primero de Primera Instancia, el cual tiene más de 11 mil procesos retrasados desde 1998.

Las medidas emergentes han sido sugeridas por la Cámara Penal de la CSJ para intentar descongestionar a la citada judicatura y que ésta se dedique a los procesos de mayor riesgo, según un acuerdo emitido por ese Organismo del Estado.

Los más de 11 mil procesos serí­an distribuidos en diez juzgados penales de la capital, lo que generarí­a mayor saturación en el trabajo de estas instancias, debido a que cifras similares de casos están pendientes de resolver en cada uno, por lo que la Cámara Penal resolvió suspender las inhibitorias; no obstante, hasta hoy el nombramiento de jueces auxiliares no se ha hecho efectivo.

A criterio de juristas, esa situación genera, entre otros efectos, una falta de certeza jurí­dica respecto al derecho de acceder a la justicia pronta y cumplida.

ANTECEDENTE

El 20 de enero último, Diario La Hora publicó que la judicatura en mención repartirí­a un total de 4 mil 87 casos rezagados sólo del año pasado; sin embargo, a esa cantidad se fueron sumando las de años anteriores, haciendo un total de 11 mil 929 procesos desde 1998.

Unas 3 mil inhibitorias emitió esa judicatura, trasladando los casos hacia otros juzgados; no obstante, debido a la saturación que generarí­a en otras diez instancias capitalinas del Organismo Judicial, la Cámara Penal optó por suspender este procedimiento.

EMERGENCIA

«Al ordenar que se trasladaran los casos en trámite del Juzgado Primero hacia otras judicaturas, nos encontramos con que hay más de 11 mil procesos que, al ser distribuidos, afectarán la gestión de despachos y claro va afectar a los otros tribunales», manifestó preocupado César Barrientos, presidente de la Cámara Penal de la CSJ.

A raí­z de ese hallazgo (un total de 11 mil 929 procesos estancados entre 1998 y 2010), la Cámara Penal sugirió al Pleno de magistrados nombrar un «tribunal liquidador», el cual se dedicarí­a a atender todos los casos que no sean de mayor riesgo para que la titular del juzgado se dedique a los casos que solicite el Fiscal General, indicó.

Pero el Tribunal que conocerá procesos de mayor riesgo también tiene ese problema; «además de los casos que ya son de competencia exclusiva, siguen conociendo (el Tribunal) de los procesos que ya tení­an fase abierta de juicio oral y eso hace que las audiencias de estos procesos tengan que ser a plazos que afectan la justicia pronta y cumplida», explicó Barrientos.

Sin embargo, el proyecto de jueces liquidadores fue planteado en el Pleno de la semana anterior y no fue aprobado por los trece magistrados de la CSJ.

SEGURIDAD

Estuardo Galeano, director del área jurí­dica del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), calificó de «preocupante» la situación no sólo de la judicatura de procesos de alto riesgo, sino de todo el sistema de justicia. «Con ello se evidencia la falta de certeza jurí­dica a la que tienen derechos los habitantes», criticó.

Sin embargo, el analista consultado instó a los nuevos magistrados de la CSJ para que realice evaluaciones constantes de los jueces, pues a su criterio «la mayorí­a de juzgadores, amparados en su independencia, tienen un rezago de trabajo de muchos años, que afecta al acceso a la justicia que afecta a los ciudadanos», manifestó.

Galeano también criticó que el sistema de justicia tiene una deuda con la sociedad en materia de seguridad; «lo que sucede con esa crisis es que se desmotiva a la denuncia por parte de las ví­ctimas, el Estado les está diciendo que no se va a castigar a los criminales ni se van a resolver los conflictos y eso tiene graves consecuencias como sociedad», analizó Galeano.