“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” (Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 1 y 2).
La participación de las mujeres en los asuntos públicos y la igualdad en el acceso a los cargos públicos han sido reconocidas como derechos fundamentales por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Protección.
Establecen también que la participación política de las mujeres debe darse mediante la incorporación plena en los cargos públicos y que sus prioridades se vean representadas en la agenda pública.
Los procesos históricos en Guatemala han contribuido al establecimiento de una cultura política que limita la participación y representación. Las mujeres continúan enfrentando una variedad de obstáculos como los prejuicios y estereotipos de género y formas de discriminación; las desventajas socioeconómicas, como el limitado acceso al financiamiento para las campañas; el desconocimiento de sus derechos políticos; la asignación de tareas derivadas del trabajo doméstico y reproductivo; las distintas formas de violencia que impiden su participación, por mencionar algunos.
El poder ha estado asociado al ámbito masculino y en manos de hombres, lo que ha implicado que la política se leyera y comprendiera en códigos masculinos, marginando a las mujeres de los procesos de toma de decisiones, lo que deriva en una subrepresentación en los distintos ámbitos de gobierno y en todas las esferas de la vida política.
Las mujeres jóvenes no son la excepción. Según datos de la Encuesta Nacional de Juventud (ENJU 2011), los partidos políticos son una de las entidades con menor incursión para los jóvenes, sólo un 7.59% de mujeres jóvenes participan en ellos, y en el caso de mujeres jóvenes indígenas, la participación es aún más baja con sólo un 4.3%.
Por otro lado, la participación de mujeres jóvenes en organizaciones de carácter comunitario se da en proporciones mínimas, limitándose a un 14.70%. A esto se le suma que la participación se concentra en el ámbito metropolitano y el resto urbano del país.
Lo anterior refleja que sigue siendo un reto garantizar la representación numérica de las mujeres y mujeres jóvenes en los espacios de poder. Para ello es necesario implementar medidas especiales de carácter temporal, que son legítimas de acuerdo con los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Pero el reto no es sólo lograr una representación numérica, sino una representación cualitativa de los intereses de las mujeres y de aquellos que beneficien la igualdad de género.
Ante ello, los partidos políticos juegan un papel fundamental para promover la igualdad de las mujeres en la participación política, la inserción de candidaturas de mujeres en los cargos públicos y contribuir en la disminución de los obstáculos para su participación, porque son estos el canal institucional para que las mujeres puedan acceder al poder.
El derecho a la participación y representación política de las mujeres tiene un efecto multiplicador en la protección de sus derechos humanos en esferas más allá de la política.