Uno de los asesores presidenciales en materia de reforma constitucional es el excanciller Edgar Gutiérrez, quien hoy aborda en su columna de elPeriódico un tema muy interesante sobre “la cultura institucional del atajo”, es decir, esta tendencia que tenemos a jugarle la vuelta a las normas legales para consagrar como axioma jurídico la vieja frase de que hecha la ley, hecha la trampa.

Edgar menciona ejemplos concretos como la forma en que manejan la contratación de personal con criterio de que según el sapo es la pedrada, acomodando rubros para satisfacer los gustos y luego se refiere a la utilización de las ONG para burlar la ley de compras, no digamos de los perversos fideicomisos que se institucionalizaron a puro tubo.
 
 Y dice el mismo Edgar Gutiérrez que duda que el cambio de normas vaya a resolver o atajar el problema, dándole desde luego al término atajo en esta frase otro sentido, porque no se refiere a esa mañosa actitud que tenemos de buscar vericuetos para evitar el camino establecido. La verdad es que tenemos una actitud colectiva que nos lleva a buscar la forma de jugarle la vuelta a las leyes. No fue Arzú quien inventó la práctica cuando contrató a “prestigiosos” abogados para vender la empresa telefónica sin cumplir con el mandato constitucional que asignaba al Congreso la facultad de liquidar empresas públicas, sino que es una tendencia que viene de mucho tiempo atrás. Desde nuestra misma Independencia, la misma fue un atajo para no seguir pagando impuestos a la corona española y por eso la rapidísima anexión a México porque a los “próceres” les valía madre la soberanía, no digamos la libertad, y lo que importaba era como jugarle la vuelta a los recaudadores del Rey de España.
 
 Hasta nuestras revoluciones han tenido mucho de eso, porque vivimos en un país en el que aberramos de los procedimientos y a salto de mata buscamos instrumentos que nos permitan romper el orden establecido para crear uno nuevo que nos sea más adecuado a los intereses. La última reforma constitucional se manejó como un proceso de depuración del Congreso y vaya si no fue burla. Hoy el Congreso es peor que el que depuraron porque no había tal ánimo de limpiar nuestro sistema, sino que todo fue un disfraz para regalarle a los bancos el negocio de ser los únicos prestamistas del Estado.
 
 Yo estoy de acuerdo con Gutiérrez en el sentido de que el problema no está en el cambio de las normas porque eso no es garantía de que vamos a resolver el deterioro institucional. El problema está en que tenemos que establecer mecanismos exigentes para el cumplimiento de todas las normas vigentes y que apuntan a la pacífica convivencia. Desde el respeto al reglamento de tránsito para respetar el derecho de vía ajeno, hasta el respeto a la Constitución de la República para exigir la fiscalización de todo gasto público, aunque sea mediante el manejo de fideicomisos o lo que sea. El problema no está en las leyes, sino en la falta de cumplimiento de cualquier norma porque ese atajo es permanente, es una constante y resulta que quienes ejercen el poder público son los primeros en usarlo para burlar la ley.
 
 El tema de la Constitución nos obliga a replantear el dilema. No es de reformas la cosa, sino de respeto y acatamiento de las normas. Si no existe esa disposición entre la población y, peor aún, entre las autoridades del país, de nada nos va a servir devanarnos el seso para hacer cambios, a sabiendas de que los mismos serán fundamentalmente utilizados y promovidos por los largos que saben cómo sacarle raja a las oportunidades. En nombre de la depuración nos vacunaron y lo mismo se hará ahora bajo nuevas banderas.