La Corte Suprema israelí dio hoy su autorización al ejército para que prosiga los asesinatos selectivos contra militantes palestinos, pero recomendando que tome precauciones para evitar a los civiles.
En una decisión sin precedentes adoptada después de casi cinco años de procedimientos, la principal instancia judicial israelí, a la cual acudieron organizaciones israelíes y palestinas de defensa de los derechos humanos, rechazó sus recursos tendentes a prohibir los «asesinatos selectivos».
«No se puede determinar de antemano que todo asesinato selectivo es contrario al derecho internacional. Como tampoco es posible que todas las liquidaciones sean conformes al derecho internacional. La legalidad de todo asesinato selectivo deber ser examinada caso por caso», estimaron los jueces.
Sin embargo, en su veredicto de 62 páginas la Corte subrayó que la identidad del que será asesinado debe ser establecida con certeza y que se podrían prever indemnizaciones para eventuales víctimas civiles.
Al presentar ejemplos, la Corte Suprema indicó que era legal apuntar contra un «terrorista que dispara contra soldados o civiles desde el balcón de una casa, incluso si esto pone en peligro a transeúntes».
Por el contrario, los jueces prohibieron los ataques aéreos contra casas donde podría encontrarse un militante si esa operación puede costar la vida a transeúntes o habitantes.
Los jueces aludían así a la matanza del 22 de julio de 2002 en Gaza, cuando un avión israelí lanzó una bomba de una tonelada contra la casa de un jefe militar del Hamas que murió junto con sus ocho hijos, su esposa y cinco vecinos.
Según B’tselem, una organización israelí de defensa de los derechos humanos en los territorios palestinos, 210 militantes y combatientes palestinos han muerto desde el comienzo de la Intifada, en septiembre de 2000, en asesinatos selectivos, así como 129 civiles.
El principal negociador palestino, Saeb Erakat, denunció la decisión de la Corte Suprema. «Los asesinatos políticos constituyen crímenes de guerra contrarios al derecho internacional y a las convenciones de Ginebra», declaró Erakat a la AFP.
El procedimiento ante la Corte Suprema había sido iniciado en enero de 2002 por el Comité público contra la tortura y la organización palestina de defensa de los derechos humanos LAW.
La decisión de la Corte Suprema fue aplaudida por el fiscal israelí Shai Nitzan, représentante del Estado, así por el general de reserva Giora Eiland, ex jefe de operaciones del estado mayor.
Por el contrario, una diputada del partido Meretz (oposición de izquierda), Zeava Galon estimó que era «vergonzoso que la Corte Suprema no hubiera prohibido totalmente esos asesinatos. La experiencia nos muestra que desde hace tiempo el ejército no se limita a liquidar bombas vivientes, sino que lleva a cabo una política de terror contra el terrorismo».
Israel cerró hoy el paso de Rafah, que enlaza Egipto con la franja de Gaza, para impedir que el primer ministro palestino, Ismail Haniyeh, entre en territorio palestino «con decenas de millones de dólares», indicó una fuente de seguridad.
«El ministro de Defensa, Amir Peretz, ordenó el cierre del paso de Rafah para impedir que decenas de millones de dólares lleguen a Gaza con Haniyeh», declaró la fuente.
«Peretz tomó la decisión y ordenó el cierre del paso en coordinación con todas las partes afectadas», agregó la fuente.
«No vamos a impedir que Haniyeh entre a Gaza, pero sí el dinero, que servirá para financiar actividades terroristas», confirmó un responsable israelí que pidió el anonimato.