Más allá del significado de las palabras, especialmente cuando se abre el debate sobre el tema de los crímenes que se cometieron en el marco de nuestro conflicto armado interno, lo que es indispensable buscar es que prevalezca la justicia entendida como la correcta aplicación del derecho para juzgar aquellos hechos que trascienden la amnistía derivada de los Acuerdos de Paz. En otras palabras, los excesos cometidos contra cualquier grupo social caen en un plano que no puede implicar un borrón y cuenta nueva, sobre todo tomando en cuenta que muchas de las víctimas fueron hombres, mujeres y niños del área rural masacrados por razones políticas por los actores de la guerra interna.
Parte del debate ideológico que hoy se revive en el país está centrado en la discusión sobre el concepto de genocidio y sus diferentes definiciones. La discusión semántica permite que se encuentren definiciones para los dos gustos, puesto que igual se puede encontrar la que da la razón a quienes consideran como genocidio las masacres contra pueblos indígenas, como otras que respaldan el argumento de quienes niegan la existencia de una política para eliminar a un grupo social en el país.
Lo cierto, lo irrefutable y contundente, debidamente documentado históricamente, es que hubo acciones graves, crímenes de lesa humanidad, cometidas contra pobladores de comunidades del área rural en donde se produjeron masacres que constituyen una vergüenza para la sociedad guatemalteca. Ese hecho es irrefutable y nos podemos entretener discutiendo el nombre que pueden recibir tales matanzas, pero llámeseles como se quiera, son una muestra de barbarie que escaba por mucho a las acciones bélicas del conflicto armado interno porque se dirigieron contra personas, como los niños y los ancianos, que ni siquiera podían ser considerados como colaboradores de alguna de las partes enfrentadas militarmente.
La justicia no puede ni debe ser causa de división social sino, todo lo contrario, una de las más altas aspiraciones de la vida en sociedad. Pero no hemos superado la profunda división ideológica que marcó a Guatemala mucho antes de que empezara el conflicto armado interno, precisamente cuando se nos impuso una artificial, pero radical división entre comunistas y anticomunistas en la década de los años cincuenta y ese signo sigue siendo el que hoy, sesenta años más tarde, volvamos a vernos envueltos en una polémica que no tiene más razón y argumentos que lo derivado del sello ideológico de quienes opinan.
La pacífica convivencia entre los pueblos únicamente es posible cuando existe justicia, entendida en el más amplio de sus conceptos y en Guatemala aún estamos muy lejos de alcanzar la meta de vivir dentro de ese marco. Confundimos justicia con venganza y amnistía con impunidad, colocándonos la venda ideológica sobre los ojos.
Minutero:
Quedó consagrado el entuerto
de escandaloso trinquete;
en silencio pasó todo el paquete
del gran negocio del puerto