Cuando se habla de justicia social por un funcionario, por un polí­tico o dirigente le dicen que es populista. A pesar que en el paí­s existen entidades universitarias y movimientos religiosos que deberí­an observar y defender la doctrina social de la iglesia, la realidad es otra.

 

Con motivo de las recién creadas mesas de diálogo, el gerente o el hoy llamado director ejecutivo de CACIF ha planteado que se discuta y apruebe un nuevo sistema de aprobación de los salarios mí­nimos; pretende que no sea el presidente de la República, quien actualmente tiene la obligación de decidir, (cuando trabajadores y empleadores no se ponen de acuerdo en las Comisiones Paritarias y en la Comisión Nacional del Salario) actualizar, como lo establece la ley en el salario mí­nimo. Su propuesta es la evidencia de la falta de conciencia social en la cúpula empresarial y en las asociaciones y cámaras que integran CACIF.

 

Ello no significa que todos los empresarios piensen o actúen sin conciencia social porque a Dios gracias hay y siempre ha habido empresarios que con hechos demuestran su reconocimiento a la parte más importante de una empresa: el recurso humano que la integra y como en la mayorí­a de pequeñas y medianas empresas, sus dueños son parte de la gerencia y muchos de ellos han creado su empresa de cero a lo que son, tienen la actitud de mantener salarios justos, buenas relaciones con sus empleados, sus esposas e hijos; por ello es que esas empresas siempre mejoran aún en tiempos de crisis porque tienen la conciencia social, trabajadores y empleadores, para saber que juntos deben salir adelante pero que juntos significa que el desarrollo, el progreso y las utilidades deben ser compartidas, a través de los salarios; de las prestaciones; a través de la permanente capacitación y de programas e incentivos que compartan en parte la rentabilidad de la empresa.

 

La Constitución de la República prevé la irrenunciabilidad de los derechos laborales, también prevé que son nulas ipso jure las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores.

 

Acaso no serí­a un retroceso que los salarios mí­nimos quedaran sujetos a una comisión donde indudablemente las influencias y los poderes ocultos lograran que los salarios mí­nimos no fueran actualizados periódicamente o que su actualización fuera tan pobre que en la práctica fuera una constante disminución del poder adquisitivo de la mayorí­a de los guatemaltecos.

Es de esperarse que el tibio Ministerio de Trabajo, en el actual Gobierno, y el mismo Ejecutivo y las organizaciones sindicales rechacen esta malévola propuesta que perjudicarí­a a los más pobres y contradice la ley y la justicia social.