El funcionamiento de los juzgados de toda la región de Suchitepéquez resultó no ser tan efectivo, luego que éstos fueron trasladados a un terreno privado que fue donado a la Corte Suprema de Justicia.
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Mientras el coordinador de la CSJ en aquella región informó sobre decenas de quejas y hasta amparos e inconstitucionalidades planteadas por los usuarios de los juzgados y tribunales del complejo judicial, otro magistrado niega que haya irregularidades en aquella propiedad privada donde funciona la justicia pública.
Desde gobiernos anteriores la privatización de entidades públicas ha sido una constante, y a criterio de un experto en Derechos Humanos, el funcionamiento de este complejo constituye una violación al derecho legítimo de acceso a la justicia de los ciudadanos.
CONTRADICCIí“N
El magistrado Luis Fernández, coordinador de esa región, informó en días recientes que la situación en Suchitepéquez se complicaba debido a las constantes quejas que la CSJ conocía por la ubicación de las judicaturas y tribunales.
Según el magistrado las quejas se referían a que «el lugar está muy retirado y que hay que solicitar permisos para ingresar al lugar y que, además, éste se mantiene cerrado en determinadas fechas», declaró.
Fernández fue consultado sobre la situación actual de esa problemática y dijo desconocer cómo había continuado todo, sin embargo, confirmó que habían sido interpuestas acciones de amparos, impugnaciones y hasta inconstitucionalidades por parte de los usuarios.
Para Jorge Cabrera, presidente de la Cámara de Amparos y antejuicios, no hubo conflictividad en aquella región. El magistrado indicó que los problemas fueron al inicio «como cuando alguien se cambia de casa», citó.
Según Cabrera, los mayores problemas se dieron meses después del traslado y no pasaron de goteras y reparaciones mínimas, sin embargo resaltó que el funcionamiento de los juzgados, en terrenos privados, es óptimo.
«No sé qué magistrado está haciendo esas declaraciones, pero yo le puedo garantizar que no hay problemas de acceso, todo se está dando en orden», resalto Cabrera.
PRIVATIZACIí“N
Jorge Santos, analista del Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos, opinó que la ubicación de los juzgados en un lugar privado en el que el acceso a las personas es restringido por ese hecho, constituye un factor más que limita y vulnera el derecho legitimo a acceder a la justicia.
«Es parte de ese fenómeno de privatización de los espacios públicos que las organizaciones sociales han denunciado desde mucho tiempo atrás, y cuando se traslada una institución pública a un lugar privado, el interés particular prevalece por el común y eso es inconstitucional», explicó Santos.
El analista agregó que hay una claúsula de reservarse el derecho de admisión en las propiedades privadas y en el caso de la justicia, eso es inconstitucional, además señaló que los pobladores de esa región tienen que gastar más para poderse trasladar hacia el complejo.
«Pienso que la CSJ tuvo que haber tomado medidas de prevención para que no se dieran esas situaciones y garantizar así el derecho a la justicia, así que: o saca los juzgados de ahí o inicia un proceso judicial para permitir el acceso a toda la población las 24 horas, ahí sí debe hacer valer mandato del bien común por encima del bien particular», enfatizó el entrevistado.
Santos dijo finalmente que, independientemente de cómo continúe la situación del funcionamiento de los juzgados, esos hechos se suman a la ausencia de credibilidad que la población tiene de sus autoridades judiciales y a la institucionalidad pública.
El sector citado se refiere a un terreno que en abril de 2008 el Organismo Judicial (OJ) recibió en calidad de donación, otorgado por la asociación Ciudades Luz de Mazatenango, donde actualmente se concentraron tribunales y judicaturas de la región.
La citada asociación entregó en donación un terreno de 3 mil 168 metros cuadrados al OJ, valorado en Q2.5 millones donde construyó un edificio que concentró a varios juzgados y tribunales regionales; sin embargo, la donación resultó ser un obstáculo para la aplicación de la justicia.
En ese complejo funcionan los juzgados Primero y Segundo de Paz, Primera Instancia Penal, Primera Instancia de Familia, de Trabajo, Civil y Económico Coactivo, así como el Tribunal de Sentencia Penal, la Sala Cuarta de Apelaciones de Trabajo, y la Oficina de Antecedentes Penales.
El proyecto de Ciudades Luz acaparó la sección de negocios de los medios como proyecto habitacional que funciona con garitas de seguridad privada y hasta ensambladoras de avionetas. El área está ubicada a 15 minutos de la ciudad de Mazatenango, Suchitepéquez; y cuenta con una extensión de 400 mil metros cuadrados con una inversión de US $100 millones y el costo de sus apartamentos («para personas de escasos recursos») es de Q250 mil y Q90 mil para beneficiarios.