El Estado de Derecho implica la posibilidad de que todo ciudadano pueda acudir ante los órganos jurisdiccionales a reclamar los derechos que le corresponden, cuando éstos han sido violados o existe la posibilidad de que se consume una violación. Por esta razón, es que nuestra Constitución garantiza a todos los ciudadanos el libre acceso a los tribunales de justicia.
Para que un sistema de justicia funcione, se necesita un serio compromiso por parte de todos los operadores de justicia, consistente principalmente en actuar con apego a la ética y a la ley ?respetando los derechos y garantías de todos los ciudadanos-, lo que implica no olvidar que éstos acuden al sistema judicial, a buscar solucionar sus conflictos. En otras palabras, cuando los ciudadanos acuden a un tribunal, lo que están haciendo es formalizar su conflicto -de allí es que se dice que un litigio, es un conflicto formalizado- para que un tercero imparcial con apego a la ley resuelva lo que en Derecho corresponde.
Pero, ¿qué sucede cuando el ciudadano acude a los tribunales y no encuentra una solución a sus conflictos? La consecuencia lógica y de graves consecuencias para un país, es que los ciudadanos no confíen en los tribunales. De allí la importancia de que exista y funcione un sólido sistema de justicia, porque de lo contrario la sociedad resuelve los problemas por su propia mano ?ojo por ojo?, generando más violencia, y construyendo de esta manera un país menos civilizado. La justicia no sólo debe ser eficaz, sino pronta y cumplida. Para ello se necesita fortalecer económicamente al poder judicial, garantizar la independencia judicial, la profesionalización y capacitación de nuestros jueces en las distintas ramas del Derecho, hacer un proceso selectivo de los jueces y magistrados, fortalecer la carrera judicial a manera de que el poder de juzgar y ejecutar lo juzgado esté en manos de los mejores profesionales de Derecho, no sólo en calidad académica, sino principalmente en calidad humana, implementar todos los mecanismos necesarios para que los ciudadanos puedan contar con un acceso rápido y eficaz, para denunciar casos de corrupción que se dan dentro de los tribunales de justicia, y que el órgano encargado de investigar y dar seguimiento a estos procesos funcione.
Por otra parte, también es necesario que las resoluciones judiciales firmes sean respetadas por todos los ciudadanos, porque no respetar las resoluciones judiciales dictadas dentro de un proceso legal, también equivale a dejar por un lado el Estado de Derecho, y si los ciudadanos no respetan las resoluciones judiciales, no tiene justificación alguna el sistema de justicia, ya que no tendría sentido la formalización los conflictos.
En consecuencia, el funcionamiento y fortalecimiento del sistema de justicia, no sólo depende de los operadores de justicia, sino que también de los ciudadanos, quienes deben respetar las resoluciones judiciales. De lo anterior, se puede concluir, que una de las condiciones fundamentales para que funcione un sistema de justicia en un país democrático, es que existan jueces dispuestos a resolver los conflictos con apego a la ley, y ciudadanos respetuosos de las resoluciones judiciales.