Hoy hace 28 años un grupo integrado por indí­genas de Quiché y estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala ocuparon la Embajada de España. Los hechos de aquella mañana constituyen una de las principales tragedias reportadas durante el conflicto armado interno que desangró al paí­s.

El ex embajador español, Máximo Cajal y López, señaló aquella trágica mañana de 1980, luego de escapar de la sede diplomática antes del incendio, que intentó comunicarse varias veces con Donaldo ílvarez Ruiz, en aquel entonces Ministro de Gobernación, para comunicarle que estaba por alcanzar un acuerdo con los ocupantes. Los intentos fueron en vano.

Las fuerzas de seguridad del Gobierno militar de Romeo Lucas Garcí­a interrumpieron con fuego la vida de 34 personas que exigí­an atención, luego de haber realizado una peregrinación por varias instituciones con el objetivo de denunciar la represión que viví­an en sus comunidades. Nadie quiso escucharlos, nadie puso atención a sus demandas de justicia.

El único campesino sobreviviente, Gregorio Yuxa, fue secuestrado en el hospital donde se encontraba recluido, unas horas después del brutal desalojo; su cuerpo apareció frente a la rectorí­a de la Usac con claras señales de tortura. El mensaje fue claro: el silencio debí­a imponerse.

Las personas que fueron asesinadas en la Embajada de España engrosan las filas de las más de 250 mil que perdieron la vida durante los 36 años de guerra; se considera, de acuerdo con el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico y el REMHI, que el 97 por ciento de los crí­menes es responsabilidad del Estado.

Sin embargo, el Estado no es un ente abstracto que decide por sí­ mismo, está integrado por personas que deciden las acciones a implementar. Las órdenes de intimidar, callar, desaparecer, secuestrar, torturar y asesinar, salieron de cabezas retorcidas que no aceptaban ningún tipo de crí­tica, ninguna voz levantada contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión. La vida ha permitido a muchos de ellos llegar a la vejez, y quienes pensamos en la reparación y en la verdadera reconciliación, esperamos su justo procesamiento.

A esta sociedad lastimada le impusieron el silencio, con la seguridad como argumento y la represión como herramienta. Ahora, las bocas se cierran con supuestas decisiones amparadas al Derecho vigente. Al igual que en 1980, quienes tienen la responsabilidad de administrar la justicia prefieren voltear la cara ante cualquier reclamo.

En Guatemala, ninguna de las denuncias por delitos de lesa humanidad, genocidio y desaparición forzada, ha encontrado eco en las instituciones encargadas de investigar los hechos del pasado. Tampoco permiten la implementación de la legislación internacional. ¿Podemos avanzar en tal estado de impunidad?