El carácter multilingí¼e, multiétnico y pluricultural del paí­s, supedita de alguna manera al Estado a crear las condiciones necesarias para el desarrollo y coexistencia social de su población; ¿cuánto se aplica ese factor desde el punto de vista del acceso a la justicia?

Las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadí­stica (INE) reflejan que la población indí­gena constituye el 41 por ciento del total poblacional, sin embargo, la cantidad no oficial de Organizaciones Sociales defienden un 60 por ciento de población indí­gena en el paí­s.

Independientemente de la discrepancia, la multietnicidad, la pluriculturalidad y el multilingí¼ismo están presentes en los pueblos guatemaltecos y el acceso a la justicia deberí­a enfocarse en ellos.

Expertos en los temas indí­genas y justicia aseguran que existen debilidades por parte del Estado para garantizar el acceso a la justicia por parte de la población indí­gena.

Análisis

ílvaro Pop, de la Organización Indí­gena Naleb, refirió que a nivel general el tema de justicia no sólo afecta a los pueblos mayas pero que sí­ tienen mayor impacto.

Pop explicó que tres son los temas que actualmente están debilitados en cuanto a la justicia para la población indí­gena: cobertura, ruralidad y corrupción.

«Es grave la incapacidad que se ha tenido de poder dotar a todos los municipios del paí­s de sedes a través de las cuales se garantice el acceso a la justicia para los pueblos; en la ruralidad lo más débil es el tema lingí¼í­stico porque la justicia necesita tener conocimiento de los contextos reales de donde es aplicada; y finalmente la corrupción que afecta fundamentalmente a los pueblos porque impide de lleno el accesar a la justicia», refirió el analista.

Pop añadió que en la población no indí­gena «al menos existen volcanes de expedientes, en el caso de la capital; mientras que en los municipios hay que caminar más de cinco horas para encontrar un contacto cercano con la administración de justicia».

Eduardo Zacayón, director del Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, coincidió con el anterior analista en los temas de falta de cobertura y debilidad en el conocimiento de los idiomas por parte del personal.

«Hay dos lógicas que no logran coordinarse en ese tema: la lógica de la justicia del mundo occidental y las lógicas de vida y concepciones de cultura de los pueblos indí­genas, lo que hace que la justicia, o llegue con limitaciones, o no llegue», enfatizó el académico.

Zacayón añadió que la dinámica actual de la justicia hace que no se reconozcan los sistemas para resolver conflictos que no son conocidos por la justicia oficial: «si no existieran lógicas comunitarias y de costumbres que los pueblos tienen para resolver sus conflictos el paí­s fuera un caos», subrayó.

El entrevistado indicó que el problema de desigualdad, la mala distribución de recursos, entre otros factores, son los que crean un sistema inequitativo o desigual en cuanto al derecho a la justicia en el paí­s.

¿Atención pluricultural?

Pedro Ixchiú Garcí­a, director de la Defensorí­a Indí­gena de la Defensa Pública Penal (DPP) explicó que la cobertura desde todo punto de vista «es un tema complejo» porque el Estado tiene que atender por igualdad de condiciones a todos los habitantes de Guatemala en todos los municipios, pero que no depende únicamente del alcance que la institución de la defensa penal tenga el mandato de otorgar.

«Por ejemplo: vivimos en el siglo XXI, en el año 2008 y no en todas las áreas hay juzgados de primera instancia, salas de apelaciones, tribunales de sentencia, etcétera; entonces la justicia se convierte en un factor muy caro para la gente del área rural, porque de un juzgado de paz quizá tengan que trasladarse a lejanos municipios para que el caso se tramite en otra sala…», ejemplificó Ixchiú.

El defensor indí­gena dijo además que por parte de la Defensa Pública Penal, sólo pueden haber sedes donde hayan juzgados de primera instancia, juzgados de paz y que la cobertura es limitada en cuanto a relación al presupuesto, el cual consideró insuficiente.

Según el entrevistado, la falta de enfoque multicultural y el análisis tradicional del sector justicia, el cual «no ve el conflicto con los elementos socioculturales que implica», provoca falta de denuncia por parte de esa población.

«No se trata sólo de poner un intérprete, se trata de entender el conflicto de la gente, analizarlo y responder por medio de las culturas indí­genas y sus caracterí­sticas», afirmó Zacayón.