El 25 de febrero de 1999, la Comisión del Esclarecimiento Histórico presentó el Informe Guatemala, Memoria del Silencio, para conmemorar y dignificar a las miles de víctimas mortales y más de 250 mil desaparecidos, declarando el 25 de febrero el “Día de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno”.

Las asociaciones de la sociedad civil, que conmemoraron este día pidiendo justicia por las víctimas del conflicto, aseguran que el Estado mantiene una deuda histórica con los miles de víctimas. Mario Polanco, del GAM, indica que en el tema de justicia existe una gran deuda, sin embargo en el tema de “la verdad” el Estado ha hecho mucho menos en ese sentido.

Jorge Santos, del CIIDH, señala que han habido algunos avances significativos en el tema de justicia en el país por los hechos ocurridos durante el conflicto; no obstante se han presentado obstáculos de parte de actores y sectores que pretenden hacer de la impunidad un mecanismo de sobrevivencia y del mantenimiento de privilegios a lo largo de la historia del país, por lo que se mantiene una deuda de justicia para las víctimas de aquel conflicto.

Entretanto, el secretario de la Paz, Antonio Arenales Forno, indica que en los Acuerdos de Paz se acordó producir un informe de la verdad histórica sin efectos judiciales y sin individualización de responsabilidades y un Programa Nacional de Resarcimiento, entonces si se ve ese marco para finalizar el conflicto existía una amnistía o una Ley de reconciliación, una comisión para la preparación de la verdad histórica y un programa que resarciría a las víctimas.

Forno dice que la aplicación de amnistía no quiere decir impunidad, cuando procede la amnistía es una causa que determinan los tribunales de justicia, lo cierto es que en el derecho internacional y en la jurisprudencia internacional la amnistía pactada para dar fin a un conflicto es válida y legítima.