El siguiente texto, que traslado tal y como fue recibido, nos recuerda que la época en que la palabra valía pasó a la historia.
Hace unos años, Figueroa Sarti publicó unos cuentos de un autor desconocido y que paradójicamente ahora trabaja en los Tribunales. En el 2006 este «escritor» se apareció en las oficinas de F & G Editores, para mostrar unas fotos que él había tomado en el barrio de El Gallito y que serían parte de una exposición. Entre las fotos, Figueroa Sarti consideró que una podría usarse para la portada de un libro. Raúl le solicitó la autorización para usarla y el escritor, y empleado de Tribunales, se puso muy contento de ver publicada su foto, no siendo él fotógrafo. El libro fue presentado en 2007 (el autor es salvadoreño). Un día después de la presentación, el «fotógrafo» estuvo en la oficina de F&G Editores, en donde estaba el autor del libro con la foto en portada, quien le autografió un ejemplar del mismo al susodicho «escritor-fotógrafo y empleado de Tribunales».
A finales del 2007 Raúl recibió, con gran sorpresa, una citación del Ministerio Público. El «fotógrafo» lo había denunciado por el uso sin su autorización de la foto. En su alegato indicaba que se había enterado del uso de su foto cuando había comprado el libro en una librería. Se le había olvidado que en F&G Editores, había firmado en el mes de enero una nota de envío por recibo de ejemplares del libro. Su reclamo ante la justicia es de 60 mil quetzales.
El abogado del «fotógrafo» ha insistido en que el delito «cometido» por Raúl, tiene una pena de cinco años de cárcel y multa de 50 mil a medio millón. Y exige: o se pagan 60 mil quetzales o el editor Figueroa Sarti se va al bote.
A pesar de que el «fotógrafo» reconoció que había autorizado verbalmente el uso de la foto, el fiscal del Ministerio Público dio trámite a la denuncia. A principios de este mes fue citado Raúl Figueroa Sarti a «declarar» ante juez que, pese a la debilidad de la denuncia, resolvió darle al fiscal seis meses para investigar el caso y dictó «arresto domiciliario» en contra de Figueroa Sarti
La falta de justicia y la impunidad campeante, no se deben sólo a falta de recursos materiales, sino a las carencias éticas de los «licenciados licenciosos» y de los criminales encubiertos. Es necesario comenzar a fiscalizar a los fiscales, juzgar ciudadanamente a los jueces y cuestionar todo aquello que se presente como distorsión, falta de equidad e incapacidad jurídica. No por las manzanas podridas se debe condenar a todos los abogados. Pero por la ética profesional y el profesionalismo y la efectividad del sistema de justicia, es necesario que las extorsiones y la corrupción legalista (al peor estilo estradacabrerista), se denuncien por todos los medios. El que calla, otorga.