El juez español Baltasar Garzón se declaró hoy competente para investigar las «desapariciones» durante la Guerra Civil española y el franquismo (1936-1975), abriendo formalmente una instrucción sobre las decenas de miles de ví­ctimas de esa época que yacen en fosas comunes.

Garzón decidió «aceptar la competencia» para llevar a cabo esta investigación «por los presuntos delitos permanentes de detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de crí­menes contra la humanidad», según el auto difundido por la Audiencia Nacional, principal instancia penal española.

Garzón responde así­ a 22 denuncias hechas a partir de diciembre de 2006 por asociaciones de familiares de toda España por «delitos de detención ilegal» y da el primer paso para el esclarecimento de las circunstancias de la muerte de cientos de miles de personas, casi todas leales al gobierno republicano español.

Una ley de 1977, dos años después del fin de la dictadura, declaró una amnistí­a que impidió investigar ese tipo de delitos.

Las denuncias también señalan «la existencia de un plan sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes polí­ticos a partir de múltiples muertes, torturas, exilio y desapariciones forzadas de personas a partir de 1936, durante los años de la Guerra Civil y los siguientes de la posguerra», según el auto de Garzón, de 68 páginas.

El juez, que ordenó la creación de un grupo de expertos y de la policí­a judicial, autoriza exhumaciones de fosas en 19 localidades españolas «a la mayor urgencia» a cargo de los juzgados regionales y la policí­a judicial, según el auto.

Una de las fosas es la que contiene los restos del poeta Federico Garcí­a Lorca junto con el maestro de escuela Dióscoro Galindo y dos toreros anarquistas, todos ellos ejecutados en 1936 cerca de Granada (sur) por los antirrepublicanos.

La familia de Garcí­a Lorca, que siempre se habí­a opuesto a la apertura de la fosa, anunció en septiembre que aceptaba la exhumación.

«No lo impediremos. Aunque nos gustarí­a que no se hiciera, respetamos los deseos de las otras partes implicadas», declaró al diario El Paí­s Laura Garcí­a Lorca, sobrina del poeta y portavoz de la familia.

La nieta del maestro, Nieves Galindo, pidió a Garzón la exhumación de la fosa para verificar que los cadáveres de las personas citadas se encuentran allí­.

Fuentes judiciales dijeron que «lo más probable es que la fiscalí­a recurra porque desde el principio está en contra de las actuaciones del juez Garzón».

En febrero, la fiscalí­a se declaró no competente para investigar esas denuncias.

Garzón reclamó asimismo a los registros civiles españoles los certificados de defunción de los 35 principales responsables -entre entre ellos el general Franco-, del bando fascista vencedor de la Guerra Civil, que instauró la dictadura, para «declarar la extinción de responsabilidad penal por fallecimiento».

Además pidió al ministerio del Interior que identifique a los máximos dirigentes de la Falange Española entre 1936 y 1951 para fijar posteriormente posibles imputaciones o extinción de responsabilidad por fallecimiento.

A principios de septiembre, Garzón dio el primer paso hacia esta investigación pidiendo información a ministerios, ayuntamientos, a la Iglesia católica y al Valle de los Caí­dos (el mausoleo donde están enterrados el dictador Francisco Franco y miles de ví­ctimas de la Guerra Civil).

La decisión de Garzón se produce diez años después de que el ex dictador chileno Augusto Pinochet fuera detenido en Londres por orden del juez español, firme defensor de la justicia universal para crí­menes contra la humanidad.