Uno de los sobrevivientes de la masacre mostró a la CEH restos de huesos de una de las ví­ctimas; están envueltos en un plástico y dentro de un morral. El testigo declara: «me duele mucho cargarlos, es como cargar la muerte; no voy a enterrarlos todaví­a (…) si quiero que descanse, descansar yo también, pero todaví­a no puedo. Son la prueba de mi declaración. No voy a enterrarlos todaví­a, quiero un papel que diga a mí­: «lo mataron (…) que no tení­a delito, que era inocente», entonces vamos a descansar».

El Ministerio Público (MP) recibió ayer mil 460 nuevos expedientes sobre violaciones a los derechos humanos durante el enfrentamiento armado interno. El Programa Nacional de Resarcimiento denunció esos casos pero afirmó que hay unos 36 mil más.

Once años han pasado de la firma de los Acuerdos de Paz y el Estado se ha mostrado débil y apático para aplicar justicia por los crí­menes perpetrados en esos oscuros años de guerra.

En abril último, el coordinador de la Fiscalí­a de Derechos Humanos del MP, Hans Noriega, dejó clara la postura que esa entidad ha mantenido en cuanto a las investigaciones de esos crí­menes: «démonos cuenta que de los hechos han pasado más de veinte o treinta años y obviamente es un trabajo que necesita un análisis concienzudo y la práctica de diligencias de investigación, el acceso a archivos y todas esas cuestiones».

El funcionario añadió: «hay que tomar en cuenta que de nada sirve hacer un planteamiento concreto a un órgano jurisdiccional si no tenemos los elementos que sustenten una pretensión de condena para una persona en particular».

Las anteriores declaraciones provocaron consternación en las organizaciones pro justicia y de inmediato solicitaron la destitución de Noriega, calificándolas de «irresponsables». El MP guardó silencio una vez más.

El coordinador técnico dejó entrever que la fiscalí­a a cargo de esos casos ha avanzado, a tal punto que la masacre de Rí­o Negro, «ya cuenta con varias condenas», declaró con cierta actitud de conformidad, mientras la CEH documentó 626 masacres perpetradas en 18 meses por las fuerzas del Estado.

En base a semejante postura: ¿cómo va a responder la entidad a cargo de la investigación penal ante mil 460 nuevas denuncias?

El MP parece transgredir la propia ley que lo regula que en su artí­culo primero establece que debe perseguir la realización de la justicia y actuará con «objetividad, imparcialidad y con apego al principio de legalidad, en los términos que la ley establece».

Pareció fácil enviar a prisión a 43 campesinos de San Juan Sacatepéquez e imputar el delito de «terrorismo» a otros lí­deres comunitarios, pero no lo ha sido tanto, aún después de tantos años, accionar contra aquellos militares que han sido directamente señalados por los sobrevivientes de las masacres. ¿De qué lado va a seguir inclinándose la balanza?