Activistas guatemaltecos, encabezados por la Premio Nobel de la Paz, la indígena Rigoberta Menchú, exigieron ayer justicia por la quema de la embajada de España, hace 29 años, por la que están acusados altos mandos militares.
Unos diez dirigentes de organizaciones de derechos humanos y de familiares de víctimas de la guerra guatemalteca (1960-1996) acudieron ante la Corte de Constitucionalidad para reclamar que los responsables de los crímenes sean juzgados.
«Estamos convencidos que tarde o temprano serán juzgados (los imputados), porque sería nefasto para la humanidad si este caso quedara entrampado en un juzgado», y por ende en la impunidad, dijo la laureada con el Nobel de la Paz en 1992.
Menchú aseguró que en sus 50 años de vida ha trabajado para que se puedan ventilar ante los tribunales los crímenes cometidos durante la guerra, entre éstos la quema de la Embajada de España el 31 de enero de 1980, que dejó un saldo de 37 muertos, entre ellos tres funcionarios diplomáticos.
En este incidente murieron carbonizados el padre de la líder indígena, Vicente Menchú, el cónsul español Jaime del írbol, el ex vicepresidente guatemalteco Eduardo Cáceres y el ex canciller guatemalteco Adolfo Molina.
La quema de la Embajada de España se produjo luego que un grupo de indígenas y estudiantes universitarios la tomaran pacíficamente para denunciar represión y genocidio por parte del Ejército en el oeste del país.
En diciembre de 1999 Menchú presentó la denuncia ante la Audiencia Nacional de España que ha declarado su jurisdicción en el caso.
Actualmente están siendo investigados dos ex gobernantes de facto: el general Efraín Ríos Montt (1982-83) y el general Oscar Mejía (1983-1985), así como dos ex generales del Ejército y dos civiles, entre ellos el entonces ministro del Interior, Donaldo Alvarez, refugiado en México.
El juez español Santiago Pedraz ordenó la captura de los ex funcionarios con fines de extradición, no obstante la Corte de Constitucionalidad guatemalteca emitió una resolución en la que afirma que los delitos no pueden ser juzgados por ser «conexos con delitos de tipo político».
Para Menchú, la decisión de la Corte es una aberración judicial, toda vez que la ley de Reconciliación regula los delitos de lesa humanidad y genocidio como imprescriptibles.
El dirigente de la organización Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala, Miguel Alvizures, aseguró que las víctimas de la embajada «fueron ejecutados por las fuerzas de seguridad, dirigidas por oscuros personajes que siguen ocupando puestos dentro del Estado o se cobijan en él».
Este hecho trágico «nos compromete a renovar nuestras fuerzas para seguir exigiendo juicio y castigo a todos los responsables», señaló el activista.
«Mientras tengamos vida la esperanza no muere y consideramos que es un deber de todos los guatemaltecos exigir que verdaderamente se aplique la justicia a todos aquellos que de una u otra manera violaron nuestro derechos» durante la guerra, dijo a su vez la dirigente Aura Elena Farfán, una sobreviviente del conflicto armado que dejó 200 mil muertos o desaparecidos, según la ONU.