La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) señala la existencia de un “pacto de impunidad” en el país, y pide a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que lo investigue. Además evidencia ataques contra la independencia judicial.
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La CIJ concluyó una visita en el país, que duró una semana y tuvo por objeto evaluar la situación de la impunidad, independencia judicial y el proceso de elección del Fiscal General y jefe del Ministerio Público.
La delegación estuvo integrada por los comisionados Ketil Lund, de Noruega; Víctor Rodríguez Rescia, de Costa Rica; María Silvia Guillén, de El Salvador y Ramón Cadena, presidente de la CIJ para Centroamérica.
En la misión, la Comisión evidenció la existencia de un pacto de impunidad impulsado por poderes fácticos provenientes de distintos sectores; Cadena señaló que algunos de los integrantes de estos grupos oscuros surgieron luego del juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez.
Cadena dio a conocer que se solicitó a la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que realice una profunda y rápida investigación sobre dicho pacto.
Además la CIJ ve un ataque sistemático, no casual ni aislado, contra funcionarios independientes del sector justicia, que de continuar avanzando podría generar serios retrocesos en la lucha contra la impunidad en Guatemala.
“Nos encontramos hondamente preocupados por la situación de la independencia judicial en Guatemala, y pudimos constatar que existe un ataque directo e indirecto contra la independencia judicial de jueces, magistrados y fiscales de parte de diferentes poderes fácticos, subrayó Cadena.
El representante de la CIJ citó el caso de la sanción contra la jueza Yassmin Barrios, por parte del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Lund se sumó al pronunciamiento y dijo que a nivel internacional, la decisión de Tribunal de Honor es vista como absurda e ilegal.
CRÍMENES DEL PASADO
«El tiempo corre a favor de la impunidad», opinó la delegada Guillén, y agregó que hay a una “resistencia” en el juzgamiento de los crímenes del pasado. Para la CIJ los poderes fácticos estarían influyendo para que este tipo de casos quede impune.
Rodríguez Rescia, señaló que no está bien que exista una cultura de aplicabilidad de justicia con presiones externas.
RACISMO E IMPUNIDAD
Además Cadena dijo que existe un nexo íntimo entre el racismo y la impunidad, ya que este fenómeno tiene antecedentes en las manifestaciones de intolerancia racial que excluyen el acceso a la justicia a los pueblos indígenas.
“Hay que ir incluso más a fondo porque la situación no es únicamente de racismo. La CIJ considera que muchas de estas acciones podrían indicar que existe en Guatemala un sistema de segregación racial en el que se configuran los elementos de un sistema de apartheid de facto”, apuntó.
Esto por la existencia de legislación relacionada con los Derechos de los Pueblos Indígenas que no se aplica ni se respeta, concluyó Cadena.