El secretario de Justicia de Estados Unidos, Michael Mukasey, dijo hoy que los juicios militares en la base de Guantánamo seguirán pese a la decisión de la Corte Suprema de permitir a los prisioneros de esa cárcel apelar ante la justicia civil.
«La decisión de la Corte (Suprema) no afecta a los juicios de las comisiones militares, que continuarán», dijo a la prensa en Tokio, donde participó en una reunión de los ministros de Justicia de grupo de los ochos países más industrializados del mundo (G-8).
Mukasey cree que la decisión «sólo afecta a los trámites que el Congreso y el presidente» George W.Bush «establecieron para permitir a los combatientes enemigos recurrir su detención».
El responsable de Justicia del gobierno Bush dijo que no estaba satisfecho con el dictamen aunque admitió no haberlo leído en detalle por culpa de la diferencia horaria entre Washington y Tokio.
«Estoy decepcionado por la decisión en la medida en que creo que se traducirá en la llegada a los tribunales federales de cientos de recursos cuestionando la detención de combatientes enemigos», explicó Mukasey.
El dictamen de la Corte Suprema ha sido unánimemente interpretado como un revés a la administración Bush y a sus métodos en la «guerra contra el terrorismo».
El ejército de Estados Unidos ha tenido en la base de Guantánamo a 800 detenidos de esa «guerra», de los que dos tercios acabaron siendo liberados sin cargos.
Los dos candidatos de las próximas elecciones presidenciales, el republicano John McCain y el demócrata Barack Obama, han dicho que cerrarán esa cárcel que ha sido criticada en todo el mundo.
Bush, de visita a Roma, dijo que acatará la decisión pero que no estaba de acuerdo con ella y que considerará promulgar nuevas leyes para este caso.
Revés para Bush
El Tribunal Supremo de EE UU aceleró ayer la agonía de Guantánamo al declarar que los sospechosos de terrorismo detenidos en la base militar en Cuba tienen el derecho constitucional de defenderse ante los tribunales civiles estadounidenses.
En un fallo histórico, con una ajustada votación de cinco contra cuatro, los magistrados infligieron a la Administración del presidente George W. Bush su tercera y más dura derrota judicial sobre este asunto. La sentencia del máximo tribunal garantiza que Guantánamo está políticamente muerto, y rechaza de lleno su legitimidad. Pero no asegura el fin inmediato de las audiencias militares que ahora se celebran en la isla ni que los presos vayan a ver revisados inmediatamente sus casos en tribunales federales.
Tendrán que ser ahora los jueces federales los que decidan cómo aplicar la doctrina marcada por el Supremo. «Determinamos que estos presos tengan el privilegio de hábeas corpus», escribió el juez Anthony Kennedy, representando a la mayoría de la Corte, en un fallo de 70 páginas. Junto a él se alinearon el resto de los jueces liberales del Tribunal Supremo: John Paul Stevens, Stephen Breyer, Ruth Ginsburg y David Souter.
El presidente del Tribunal, John Roberts, quien fue designado por el actual Gobierno, criticó duramente a sus colegas por eliminar lo que calificó como «el conjunto más generoso de protecciones de procedimiento jamás otorgado a extranjeros como combatientes enemigos». Samuel Alito, Antonin Scalia y Clarence Thomas también disintieron de la mayoría.