Esta mañana dio inicio en Sololá el juicio contra dos jóvenes que son acusados de fotografiar desnuda a una adolescente, imagen que fue publicada posteriormente en la internet.
lahora@lahora.com.gt
Corrupción de menores, coacción y complicidad, son los delitos que enfrentan Anthony Manuel Quieju Ramírez, de 18 años, y Pedro Ismael Mendoza, de 18.
Los hechos ocurrieron meses atrás, cuando los procesados llamaron a una adolescente de 17 años, a quien engañaron para que entrara a una residencia donde Quieju la tomó por la fuerza y bajo amenazas la forzó a desnudarse y dejarse fotografiar.
En enero último, el sindicado publicó en un portal de internet la fotografía que le habían tomado a la víctima, lo cual motivó la denuncia.
Reacciones
Byron Alvarado, del Movimiento Social por la Niñez y la Adolescencia, opinó sobre ese caso que la comisión de este tipo de delitos aún no está específicamente tipificada en el Código Penal.
El entrevistado señaló que las figuras idóneas podrían ser pornografía infantil, violación de la intimidad de la persona y tenencia y difusión de material pornográfico, además de las originales.
Alvarado añadió que las penas para este tipo de delitos son muy cortas e incluso las calificó de «risibles, porque están relacionadas con el derecho canónico porque se refieren al pudor» indicó.
«Este caso debería ser tomado como paradigmático y que envíe un menaje claro a los congresistas para que agilicen las reformas a la ley que se refieren a ese tipo de delitos», subrayó.
Por su parte, Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes, comentó que ese tipo de hechos son de poco interés para las autoridades de gobierno.
La analista indicó que han recibido tres denuncias este año, que están relacionadas con secuestros que son acompañados de violaciones en las que han tomado videos.
«Ese hecho es utilizado para publicarlo en internet y se presta para la comercialización, lo cual es delito de trata de personas con fines de explotación sexual», indicó Cruz.
La entrevistada añadió que este tipo de casos no se da de forma aislada: «creemos que detrás de esos ilícitos hay redes organizadas que ya tienen modus operandi y no se le ha dado la dimensión a la problemática, falta profundizar más la investigación del Ministerio Público», subrayó Cruz.