La resolución judicial emitida por la jueza A de Mayor Riesgo, Carol Patricia Flores que ordena anular todo lo actuado en el juicio por genocidio que se sigue en contra del ex jefe de Estado, general Efraín Ríos Montt y del ex jefe de Inteligencia Militar, general José Mauricio Rodríguez, significa por el momento, suspender el mencionado juicio que se conoce en el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo.

Este hecho ha desatado una tormenta política, judicial, mediática, de opinión y hasta de xenofobia, con repercusiones internacionales.  El enredo judicial alrededor del caso, vuelve a colocar al país en el ojo del huracán, por ahora, todas las miradas y oídos del mundo están puestas en Guatemala, esperando que prevalezca el Estado de derecho y la aplicación de la justicia.

Y es cierto, la resolución judicial a la que me referí antes, permitió que el juzgamiento a los altos mandos militares se detuviera, con la consecuencia de suspender las actuaciones judiciales, justo en el momento procesal en que estaba por concluir la presentación de testigos, peritos y pruebas, para después pasar al momento procesal de las conclusiones, es decir, el juicio se suspende a pocos pasos del momento señalado para dictar la sentencia.

La defensa de los generales, ha usado todos los recursos legales necesarios para detener el proceso judicial que juzga el delito de genocidio, por ahora la estrategia ha funcionado, reforzada por la resolución de la jueza Flores. Este tipo de enredos es posible por el sistema de justicia imperante, que como ya he dicho en otras ocasiones, es un sistema débil, permeado por la corrupción y subordinado a intereses de los grupos oligárquicos, de los poderes fácticos, del narcotráfico, del crimen organizado, de los poderes económicos.

Ya estamos viendo que la Corte de Constitucionalidad (CC), empieza a enmendar la plana a la jueza Flores, debido a que sus actuaciones en este juicio por genocidio han sido extralimitadas e “ilegales”. Debo recordar que la resolución de esta jueza, pretendiendo anular las actuaciones hasta ahora hechas en el juicio por genocidio, no está firme, por tanto, una vez superadas las diligencias que tienen que cumplirse en las próximas horas, el juicio por genocidio debe reanudarse, continuar para finalizar el momento procesal suspendido y luego, entrar a la fase de conclusiones y esperar la sentencia que debe dictar el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, que preside la jueza Jazmín Barrios.

El juicio por genocidio y el enredo judicial provocado en estos días, levantó voces de indignación de parte de familiares de las víctimas, de abogados, de defensores y organizaciones de derechos humanos, de sectores académicos, sociales y políticos, a nivel nacional e internacional. En ese sentido, conozco pronunciamientos y cartas del exterior enviadas al Presidente de la República y a funcionarios del Organismo Judicial, expresando preocupación por el giro judicial que envuelve el caso por genocidio, suscritas por el Gremio Nacional de Abogados de los Estados Unidos de América, por el Servicio Paz y Justicia de Argentina, por los premios Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y Rigoberta Menchú, por diversidad de personalidades y organizaciones de Europa, América del Sur, México, Canadá, Estados Unidos. También de la Organización de las Naciones Unidas ONU, de la Organización de Estados Americanos OEA, la Unión Europea UE, no hay duda, el juicio por genocidio y las actuaciones de la justicia guatemalteca, son seguidos por la atención mundial y nacional.

También hay opinión que con vehemencia, defiende a los generales sindicados, negando que hubiera genocidio, es lo que sostienen militares veteranos de línea dura, hasta intelectuales orgánicos de la derecha contrainsurgente y neoliberal.

El juicio seguirá, no está anulado.