El proceso más largo de la historia judicial de Portugal, conocido como el «caso de la Casa Pía», entra mañana en su sexto año mientras las víctimas de este gigantesco escándalo de pedofilia pierden la esperanza de que un día se haga justicia.
Desde el 25 de noviembre de 2004, seis hombres y una mujer son juzgados en Lisboa por abusos sexuales e incitación a la prostitución de 32 menores de la Casa Pía, una institución pública destinada a jóvenes y niños en dificultad.
Aparte le principal acusado, Carlos Silvino, ex chófer y jardinero de la Casa Pía que reconoció los hechos, los otros seis alegan su inocencia.
Todos comparecen libremente, pues los plazos de detención preventiva han sido superados ampliamente.
El lunes, la esperanza de un veredicto inminente fue nuevamente postergada, cuando el tribunal decidió modificar varios puntos del acta de acusación para corregir incoherencias de fechas y lugares, puestas en evidencia por el testimonio de las víctimas.
Ahora, los acusados tienen 25 días para completar su defensa pero sus abogados advirtieron que el proceso podría ser reiniciado y prolongado «varios meses».
En cinco años, el proceso Casa Pía ha batido todos los récords: casi 1.000 testigos ex expertos han declarado durante 448 audiencias consignadas en un expediente de más de 60.000 páginas.
En declaraciones a la AFP, el decano de la Orden de los Abogados, Antonio Marihno, calificó el proceso como «una negación total de justicia, tanto para las víctimas como para los acusados».
Según Marihno, esta lentitud se explica por la amplitud del escándalo que provocó en abril de 2002 las confidencias de un ex interno, afirmando haber sido violado por Carlos Silvino, que también fue pensionista de la Casa Pía y víctima de abusos sexuales durante su infancia.
Estas primeras revelaciones provocaron una avalancha de acusaciones de parte de decenas de internos que denunciaron la existencia de una red pedófila organizada y acusaron a varias personalidades públicas, entre ellos responsables políticos y estrellas de los medios.
Para Marihno, el comienzo del caso estuvo marcado por «violaciones flagrantes de los derechos fundamentales de las personas sospechosas», entre las cuales un ex ministro socialista que pasó más de cinco meses en detención preventiva antes de ser disculpado e indemnizado.
«Quizás estos abusos explican por qué se cayó luego en el exceso inverso con multiplicación de testigos e incidentes de procedimiento», estimó el abogado.
Siete años después de que se revelara el escándalo, una de las víctimas publicó el mes pasado un testimonio aplastante para el sistema judicial.
«Mi futuro fue trazado por el propio procedimiento y no por lo que me ocurrió cuando estaba interno en la Casa Pía», denunció. «Hoy ya no creo en nadie y aún menos en la justicia portuguesa», agregó, declarándose «convencido que la mayoría de los acusados no serán condenados o bien a penas muy reducidas».
En marzo de 2006, un tribunal de arbitraje condenó al Estado portugués a pagar dos millones de euros de indemnización a varias decenas de ex internos de la Casa Pía, estimando que no había cumplido su misión de proteger a los niños.