Juicio a jefe de gobierno


El presidente del gobierno regional del Paí­s Vasco, Juan José Ibarretxe, y su rival socialista, Patxi López, serán juzgados a partir de mañana por haberse reunido en 2006 con dirigentes del partido independentista ilegal Batasuna durante la última tregua de la organización armada ETA.


Este juicio reunirá durante tres semanas en Bilbao en el mismo banquillo a los dos principales candidatos a las elecciones regionales del Paí­s Vasco, que se celebrarán el 1 de marzo.

Para estos comicios, por primera vez en tres décadas los socialistas, en el gobierno español, tienen posibilidades de terminar con la hegemoní­a histórica del Partido Nacionalista Vasco (PNV, centroderecha) de Ibarretxe en la región.

Los encuentros por los que Ibarretxe y López son juzgados se produjeron durante una tregua de ETA entre marzo de 2006 y junio de 2007 en la que el gobierno socialista español de José Luis Rodrí­guez Zapatero intentó negociar en vano con ETA el fin de la violencia.

El juicio, en el Tribunal Superior de Justicia del Paí­s Vasco, se abre tras las demandas de dos asociaciones contrarias a negociar con ETA, el Foro de Ermua y Dignidad y Justicia.

Acusan a ambos y al socialista Rodolfo Ares de ser «cooperadores necesarios de desobediencia» por reunirse en 2006 en varias ocasiones con dirigentes de Batasuna, brazo polí­tico de ETA ilegalizado en 2003 por sus ví­nculos con ETA.

También por desobediencia comparecerán cuatro dirigentes de Batasuna, entre ellos su ex lí­der, Arnaldo Otegi.

El Foro de Ermua reclama dos años y nueve meses de cárcel para Ibarretxe, primer presidente del gobierno vasco que comparece ante la justicia, nueve meses para los dos dirigentes socialistas y cuatro años para los de Batasuna.

Dignidad y Justicia por su parte pidió tres años de prisión para los tres acusados más otras penas de inhabilitación.

Pero los querellantes parecen tener pocas posibilidades de ver cumplido lo que piden.

La fiscalí­a no pide penas por estimar que no hubo delito, que el tribunal vasco no prohibió ese tipo de reuniones y que el juez Baltasar Garzón, encargado de los juicios al entorno de ETA y Batasuna, las autorizó por inscribirse en la búsqueda de una solución a la violencia y al conflicto vasco.

Los acusados reivindican que sus reuniones tení­an como objetivo terminar con ese conflicto.

Patxi López se declaró «absolutamente convencido» de que no serán condenados, ya que «no habrá ningún tribunal que diga que la polí­tica no tiene que servir para avanzar en el camino de la paz».

«Va a ser el único caso en Europa en el que los interlocutores de un proceso de negociación van a ser sentados en el banquillo por buscar soluciones y no culpables», declaró por su parte Arnalgo Otegi.

Asimismo llamaron a numerosos testigos, entre ellos a Rodrí­guez Zapatero, que podrí­a responder por escrito, y a los ex presidentes del gobierno español Felipe González (socialista, 1982-96) y José Marí­a Aznar (conservador, 1996-2004).

El juicio recibió las crí­ticas de amplios sectores de la clase polí­tica, que exceptuando la derecha, dio su aval parlamentario al diálogo de paz de 2006-2007 entre ETA y el gobierno español.

ETA, considerada responsable de 825 muertos en 40 años de violencia para conseguir la independencia del Paí­s Vasco, reanudó los atentados al finalizar la tregua y desde entonces mató a seis personas.

El gobierno de Zapatero ha adoptado desde entonces una lí­nea de extrema firmeza hacia los independentistas radicales, con numerosas detenciones y la ilegalización de dos partidos independentistas, y de momento descarta volver a negociar con ETA.