Yassmín Barrios, jueza del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, que llevó el proceso en contra de Efraín Ríos Montt y José Mauricio Sánchez, exmilitares acusados de Genocidio y Deberes Contra la Humanidad, dijo al diario mexicano La Jornada que la anulación del proceso fue un ordenamiento ilegal, pues ya se había dictado sentencia.

A pesar de este desalentador panorama, Barrios dijo al rotativo mexicano que considera que el juicio representó un avance para Guatemala, específicamente para el sistema judicial, en el que muchos ya habían perdido la fe. “En medio de todo el bombardeo y la campaña mediática que se dio, logramos demostrar que aquí sí existe independencia judicial, que habemos jueces comprometidos, íntegros y responsables y que tenemos conocimiento del derecho”, refiere la publicación.
 
Ante los señalamientos que Barrios sufrió, por la fugacidad del proceso, pues el debate, en el que declararon más de 130 personas, no duró más de sesenta días, explicó a La Jornada que al momento de dictar sentencia, el 10 de mayo último, no intentaba hacer historia sino hacer justicia. 

«…el acusado José Efraín Ríos Montt es responsable como autor de los delitos contra los deberes de la humanidad y genocidio, cometidos en contra de la vida e integridad de los pobladores civiles de las aldeas y caseríos ubicados en Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul. Por tal delito debe imponérsele la pena de 30 años de prisión inconmutables», fueron las palabras de la Juez el día en que dictó sentencia, ante organismos internacionales, la prensa, la parte querellante, las víctimas, y acusados.

Durante la lectura de la sentencia, Sánchez fue absuelto por no haberse encontrado suficientes pruebas que probaran su participación en la masacre de más de mil 700 indígenas de la región Ixil.

Después que representantes de Ríos Montt anunciaron que el acusado padecía de quebrantos de salud, fue trasladado de la cárcel de Matamoros al  Centro Médico Militar. No pasó mucho, sólo diez días, cuando se anuló el fallo alegando errores procesales.

La Juez también dijo al diario mexicano que se había excusado de seguir conociendo el caso porque no estaba de acuerdo con aceptar órdenes ilegales, en este caso las de la CC. En este sentido, no sería ético, ni correcto, ni procesalmente factible el aparentar que no ha pasado nada.

A casi tres meses de la anulación, aun no se sabe si se reanudará el proceso, pero lo más seguro es que las víctimas, los peritos, y demás pruebas deban volver a presentarse.