MP solicita a la IVE información relacionada con el manejo de fondos efectuados por Sandra Torres cuando estuvo al frente de los programas de Cohesión Social y Mi Familia Progresa.
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De acuerdo con Gisele Reinoso, jueza contralora del Juzgado Cuarto de Instancia Penal, le otorgó autoridad al Ministerio Público (MP) para que ellos realicen cualquier investigación relacionada con el manejo de fondos de los programas sociales que instituyó el gobierno de ílvaro Colom.
Por esta razón, la Fiscalía de Delitos Administrativos ya solicitó la información a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos –SIB–, para que proporcione dicha información.
Según indica la juzgadora, los bancos tienen un plazo de cinco días –a partir de ayer–, para que entreguen la información requerida.
La jueza amplió por tres meses el plazo para que el MP presente su investigación en torno a la querella planteada contra Sandra Torres.
La información que obtenga el MP deberá ser entregada al Juzgado Cuarto el próximo 13 de abril, durante la audiencia programada, en la cual la juzgadora determinará si hay delito o no, y depende de lo que contenga la investigación, se confirmará o derogará el arraigo contra la ex primera dama, Sandra Torres Casanova.
Conforme a lo dicho por Reinoso, la información es sobre el manejo de Mi Familia Progresa y los programas de Cohesión Social, desde que Torres se instituyó como directora de los mismos hasta que dejó el cargo y hasta el día de hoy.
Asimismo, la juzgadora aseguró que en cualquier momento el Ministerio Público puede girar orden de captura en contra de la ex primera dama, pero eso dependerá de cómo avance la investigación en este caso.
AMPLíAN INFORMACIí“N
Fuentes del Ministerio Público y quienes prefirieron omitir su nombre, han dado a conocer que varios Ministros del actual gobierno ya han rendido su declaración en torno a este caso.
Según los informantes, el último en hacerlo fue Juan Alberto Fuentes Knight, ex ministro de Finanzas Públicas, en diciembre de 2010.
ARRAIGO
El Juzgado Cuarto ordenó el arraigo a la ex primera dama en el proceso que se lleva en su contra por la negativa de presentar datos del programa Mi Familia Progresa (Mifapro), por lo que no podrá salir del país mientras el proceso avance.
De acuerdo con la juzgadora, la querella en contra de Torres se amplío por otros delitos que no han sido investigados, usurpación de funciones y violación a la Constitución.
La ampliación de la querella se realizó en el 2010 cuando Torres Casanova administraba el programa estrella del Gobierno. La ex primera dama aseguró que su rol no era de «funcionaria pública» con lo cual no existía obligación de presentarse ante el Congreso para esclarecer la información requerida.
La primera acción legal se presentó en 2009, por incumplimiento de deberes y desobediencia, ya que en repetidas ocasiones Torres se negó a asistir a las citaciones que le hizo la bancada del Partido Patriota, para responder por el manejo de los recursos de los programas de Cohesión Social.
Apelarán arraigo
Jairo Flores, secretario general de la UNE, en conferencia de prensa anunció que la defensa de Sandra Torres presentará un recurso para apelar la orden de arraigo dictada por la jueza Gisele Reinoso. La misma se hará ante la Procuraduría de Derechos Humanos –PDH–.
Según indicó Flores, ven un poco intrigante la solicitud de arraigo del MP, después de transcurrido un año y cuatro meses de las investigaciones del MP. “Es una decisión innecesaria e injustificada por los argumentos que se hicieronâ€.
Asimismo, aseguró que la ex primera dama se encuentra en el país y está tranquila. No descarta que ella pueda hacer alguna aparición pública en los próximos días.