Los linchamientos siguen siendo una reacción ante la escuálida respuesta del sistema de justicia en el país: el Juzgado de turno, de Mixco, dejó en libertad a tres hombres detenidos luego que un grupo de quichelenses intentaran lincharlos, el lunes pasado. ¿Cuáles son los efectos de ese fallo?
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Dos terminaron siendo las versiones que convergieron en el hecho, pues mientras la Policía Nacional Civil informó sobre la captura de presuntos delincuentes, la versión que terminó discutiéndose en el Juzgado de turno, de Mixco, fue que los detenidos habían tenido un percance de tránsito con el piloto del autobús, supuestamente atracado. Danira Otten, portavoz del Organismo Judicial, informó los nombres de quienes quedaron en libertad por falta de mérito: Walfredo Orlando Viato De León, José Antonio Pirir Ajcuc y Félix Alexander Mota.
A Criterio de Javier Monterroso, analista en temas jurídicos y de seguridad, existe peligro en el hecho que el sistema esté demostrando «incapacidad» en su respuesta ante la inmensa demanda de justicia en el país.
Guisela Reynoso, jueza de turno de la judicatura de Mixco explicó que dictó falta de mérito porque el parte policial indicaba que había sido una persona la que se había subido a asaltar el bus y los detenidos eran tres. Además, apuntó, la fiscalía «no individualizó a nadie».
«La PNC los detuvo y los entregó a la Comisaría 12, donde indicaron que no les constaba nada de vista, no había armas, no había declaración de agraviados, ni objetos presuntamente robados, además, uno de los detenidos dijo que había sido por haberle bocinado al chofer, y no había nada de evidencia», explicó Reynoso.
La juzgadora añadió que los sindicados indicaron que había sido el ayudante del bus, supuestamente asaltado, el que le había rociado gasolina y apuntó: «en estos casos cuando hay testimonios de personas agraviadas se ligan a proceso, el hecho se dio por el abuso del chofer; al no tener evidencia no me aporta nada como jueza», indicó.
«Es sumamente peligroso cómo el sistema está demostrando una incapacidad para poder procesar a los presuntos responsables: el Ministerio Público debería haber aportado pruebas que pudieran decretar la prisión preventiva a los sindicados en un caso flagrante, con esto el sistema de justicia queda en entredicho ante la población», opinó Monterroso.
El analista explica que ese tipo de debilidades son del sistema en su conjunto y que, cuando ocurra un hecho similar en las en cualquier región, los pobladores ya no van a volver a confiar en la PNC «y será imposible para ellos prevenir el próximo linchamiento».