El Ministerio Público tiene como hipótesis que el asesinato de la jueza Flor de María Gil Ovalle, ultimada a balazos el 3 de agosto de 2009, fue por el despojo de sus propiedades.

La Fiscalía de Delitos contra la Vida maneja la hipótesis que una banda dedicada al despojo de propiedades y al sicariato, supuestamente dirigida por el abogado y notario Roger Mauricio González y González, por medio de escrituras falsas  le quitó a Flor de María Gil Ovalle, un terreno inscrito en el Registro General de la Propiedad, con la finca 30590, folio 164, del libro 591 del departamento de Guatemala, ubicado en la colonia Miraflores, 18 avenida 8-97 de la zona 11 capitalina y con un área de 329.05 m2, el cual adquirió Gil Ovalle el 22 de diciembre de 2004.

Según la información, Gil, quien laboraba en el Juzgado de Trabajo y Previsión Social, se habría dado cuenta del fraude del terreno, razón por la que fue asesinada. Con las investigaciones del crimen, se determinó que la banda se dedicaba al despojo de propiedades y sicariato. Posteriormente, su hijo, Homero Juárez Gil, también fue asesinado.

En este caso, las investigaciones individualizaron a Mynor Álvarez, quien fue sentenciado por lavado de dinero, y determinaron que en la compañía Inversiones Asturias aparece como propietario del terreno de la jueza.
El 26 de octubre de 2007, Mario Ernesto Avelar Ramírez  fue identificado como comprador de dicho inmueble, registrado a nombre de Inversiones Asturias, lo cual se hizo constar en una escritura realizada por  González y González.
Cuando Avelar Ramírez ya figuraba en el Registro de la Propiedad como dueño del terreno en Miraflores, la banda inició préstamos, en los que ofrecían como garantía dicho inmueble.

Las investigaciones también refieren que luego del despojo de la finca, le quitaron, por medio de documentos falsos, otros tres inmuebles en Guastatoya, El Progreso. Víctor Asariel Calderón Oliva, fue la persona que apareció  como comprador de estos terrenos.

Las pesquisas de la Fiscalía de Delitos contra la Vida determinaron que, en el Registro Mercantil, el señor Mynor Giovanni Álvarez Jacobo, condenado por lavado de dinero, figuraba también como presidente del Consejo de Administración y Representante Legal de dicha sociedad.

En este caso, enfrentan  proceso González y González, Calderón Oliva, y el implicado, David Urrutia Vidal, por los delitos de asesinato, conspiración para el asesinato y asociación ilícita, asesinato, conspiración para el asesinato y asociación ilícita. A González se le sindica también de falsedad ideológica y material, caso especial de estafa y uso de documentos falsos.
Los sindicados fueron enviados a juicio por el juez Décimo, Walter Villatoro.

PASARÁ A MAYOR RIESGO
De acuerdo con Javier Monterroso, asesor del Ministerio Público, se autorizó la solicitud de que este proceso sea elevado a un Tribunal de Mayor Riesgo,  ya que por el tipo de delitos consideraron que existía peligro para las partes procesales involucradas en el caso.

Monterroso refirió que la fiscalía está tras la pista de más bandas dedicadas a este tipo de ilícitos: despojo de propiedades y sicariato. También hizo referencia a la banda supuestamente dirigida por Liliana Rodríguez Paiz, alias la Tarántula, y la banda que asesinó a dos médicos en Quetzaltenango para quitarles sus  inmuebles.