Iris Yassmin Barrios, la jueza que leyó la sentencia que condenó a 80 años de cárcel al general retirado José Efraín Ríos Montt y que fue anulada por la Corte de Constitucionalidad, ahora es sancionada por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), lo que considera un castigo por no plegarse “al sistema”.
jgarcia@lahora.com.gt
La Hora: ¿Cuál es el contexto en el que el Tribunal de Honor del CANG la sanciona inhabilitándola por un año de sus ejercicios profesionales?
Yassmin Barrios: El contexto de la resolución emitida se da totalmente fuera de lugar. Digo esto porque ya la Junta de Disciplina Judicial se pronunció por esos aspectos, además de amparos, antejuicios y otras acciones judiciales ya fueron rechazadas por esos mismos hechos. Ya es algo que fue juzgado, y dentro del Derecho aplicamos el principio del non bis in ídem, que significa que cuando se ha juzgado en una situación a las mismas personas, sujetos procesales y mismos hechos no se pueden volver a juzgar, esto lo aplicamos a personas que están procesadas por delitos, pero también cuando se trata de juzgadores tiene que aplicarse.
Algo muy importante es que la resolución se da excediéndose de las funciones y facultades que tiene el Tribunal de Honor, porque el Organismo Judicial cuenta con una Junta de Disciplina Judicial encargada de juzgar las actuaciones de los juzgadores; no tiene el Colegio de Abogados que venir a juzgarnos inclusive cuando ya hay fallos al respecto.
LH: ¿Impugnará la decisión? ¿De qué forma lo hará?
YB: Ya fueron presentadas esas acciones, independientemente de otras más que puedan presentarse. Se presentó amparo ante la Corte Suprema de Justicia y apelación ante la Asamblea de Presidentes de los Colegios de Profesionales.
Algo que me gustaría aclarar es que en ningún momento he faltado a la ética, siempre he sido respetuosa de las demás personas. Ustedes me han acompañado en muchos debates y a nadie le falto el respeto, todas las personas somos dignas de respeto y por lo tanto tenemos que ser bien tratados. No le he hecho ningún daño al abogado denunciante.
LH: Durante el juicio por genocidio, el abogado Francisco García Gudiel la llamó delincuente a usted y a los otros jueces que integran el Tribunal. ¿Usted se sintió ofendida por ello? ¿Presentó alguna acción en contra del abogado?
YB: No, no presentamos ninguna acción en contra de él. Somos respetuosos de lo que indican los abogados y ustedes se pudieron dar cuenta que aun cuando fuimos maltratados a través de palabras que no eran las más adecuadas para un órgano jurisdiccional le permitimos que se expresara libremente y mantuvimos el respeto y la serenidad necesaria para el manejo del debate.
LH: La Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial considera que esta resolución atenta contra la independencia judicial. ¿Cuál es su apreciación?
YB: Así es. Totalmente de acuerdo. Cuando se da este tipo de situaciones de parte de un órgano que no está facultado para hacerlo, está atacando a la independencia judicial de todos los jueces y de todo el sistema judicial, porque solo los jueces tenemos facultad de dictar sentencias, según el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
La independencia judicial es una garantía constitucional y procesal y que en primer lugar está para garantizar el derecho de los ciudadanos guatemaltecos de ser juzgados por jueces íntegros, honestos y responsables, que juzguen con libertad, con apego a la Constitución y a las leyes. Esto significa sin ningún tipo de favoritismos.
LH: ¿Qué tipo de consecuencias podría tener una sentencia en firme de esta sanción?
YB: Lo que están haciendo es evitar que yo continúe dictando sentencias, evitar el que yo pueda seguir trabajando como juzgadora. De allí viene directamente el ataque para el sistema de justicia.
LH: ¿Por qué considera que hay interés en evitar que siga al frente de una judicatura?
YB: Por el trabajo que realizo todos los días, por las sentencias que se dictan. Trabajo en un Tribunal de Alto Riesgo, pero igual afecta a todos los juzgadores, no solo de alto riesgo.
LH: En una conferencia del Consejo por la Abogacía Catalana, en Barcelona, España, usted indicó que los “poderes económicos y políticos del país”, consiguieron anular la sentencia dictada en el caso por genocidio. ¿Considera que esos mismos poderes ahora buscan dejarla fuera del sistema de justicia?
YB: No podrían entrar a analizar más allá porque no tengo elementos suficientes. Lo que sí puedo decir es que el Tribunal de Honor se excedió en sus facultades y no está respetando la Ley, está violando la Constitución y la independencia judicial, atribuyéndose facultades que no le competen.
LH: Su labor como jueza no ha sido solo el juzgamiento de los generales Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, ha conocido casos de gran impacto en Guatemala. ¿Considera que la sanción del CANG afectará su labor y trayectoria como jueza?
YB: Definitivamente, porque ellos están ordenando que me suspendan en el ejercicio de la profesión como abogada y eso afecta mi trabajo como juzgadora en el Organismo Judicial. Están violando mis derechos como persona, como profesional, como juzgadora y la independencia judicial.
Están violando mis derechos como persona porque están inclusive haciendo que la resolución que el Tribunal de Honor emitió se cumpla antes de tiempo. Por ejemplo el día viernes, cuando a mí no me habían notificado, antes del mediodía ya se sabía la noticia, se dio a conocer a través de todos los medios de comunicación, sin que yo tuviera la oportunidad de defenderme. Yo que soy la interesada fui la última en enterarme, me notificaron a las 14:45 horas.
Ya se cumplió parte de la resolución. La amonestación pública ya empezó a tener efecto, ya todo mundo lo conocía. Ya se ejecutó, antes de que yo me pudiera defender, y se están violando los procedimientos. Además, algo que es importante es que se dicta la resolución con base a fundamentos que no son ciertos. En ningún momento he humillado a ningún abogado no le he hecho ningún daño. Ahí están todas las personas que siguieron el debate y que se dieron cuenta a través de los medios de comunicación.
En todo caso la que fue calumniada, injuriada y difamada fui yo, y eso es de conocimiento público.
También se violan mis derechos porque se me está suspendiendo en mi trabajo vedándome la oportunidad de poderme desenvolver profesionalmente. Mire mis títulos, yo soy abogada y al decirme que no puedo trabajar como abogada se me está negando la oportunidad de satisfacer mis necesidades como ser humano, y se me está castigando por ser una juez honrada y por no plegarme al sistema.
LH: ¿Cuál es el mensaje que se les da al resto de juzgadores?
YB: Es un mal mensaje el que se transmite, cuando se beneficia a la persona que se porta mal y se castiga al honrado se está transmitiendo un mal mensaje no solo para el sistema de justicia sino para toda la colectividad, y eso debilita el Estado de Derecho.
LH: ¿Continuará escalando en el sistema de justicia? ¿Optará a una magistratura?
YB: No lo he pensado, no lo he evaluado si quiera. Creo que algunas personas con esto, pretendían a lo mejor bloquear algún posible ascenso y para serle sincera no lo he evaluado. Me mantengo tan ocupada trabajando, dictando sentencias, viendo audiencias y en debate que no lo he evaluado.