Adrián Rodrí­guez, juez Séptimo de Primera Instancia Penal, se inhibió de conocer el antejuicio interpuesto por la Fundación Rigoberta Menchú en contra de í‰rick ílvarez, presidente del Organismo Judicial (OJ).

La Fundación Rigoberta Menchú consideró ilegal la resolución emitida por el juez Séptimo de Primera Instancia Penal e indicó que presentarí­a los recursos correspondientes en contra de la misma.

La denuncia contra ílvarez fue interpuesta el 28 de julio último por los delitos de falsedad ideológica ya que hizo gestiones para titular a nombre de la empresa Peridot, S.A., de la cual era representante legal, los terrenos en los cuales funciona actualmente la mina Marlin, en municipio de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos.

Adversan

Luego que Rodrí­guez se inhibiera de conocer el antejuicio interpuesto contra ílvarez por el delito de falsedad ideológica, el proceso debe ser notificado y posteriormente remitido al pleno de la CSJ.

Sin embargo, Benito Morales, abogado de la Fundación Rigoberta Menchú, adversó ese fallo y lo calificó de «ilegal» ya que a su criterio: «no correspondí­a abrir el expediente como proceso de antejuicio, sino como una causa penal porque lo que se presentó fue una querella en contra de dos personas en particular y solo resuelven lo que tiene que ver con ílvarez», indicó.

Morales enfatizó que el juzgador hizo caso omiso a una serie de peticiones detalladas en la querella penal presentada el 28 de julio último, entre ellas que el expediente fuera remitido al Ministerio Público para que iniciara la investigación contra Jorge Asencio Aguirre, también involucrado en el trámite supletorio.

«El Juzgador está cometiendo una ilegalidad porque no vincula a la empresa Peridot y a su representante legal, por lo que tampoco permite que se investiguen las ilegalidades cometidas contra la comunidad aludida», expresó Morales.

Renuncia

El magistrado César Barrientos también hizo declaraciones sobre la situación de ílvarez en la CSJ, y enfatizó en que en otras administraciones de justicia han existido crisis y que con su solicitud de renuncia al actual presidente del OJ se ha profundizado.

«Pienso que tanto ílvarez como los demás magistrados deben reflexionar sobre esta situación que no es personal ni para ocupar puestos. Es un deber cí­vico y no pretendo tampoco armar un ring para que haya enfrentamientos», indicó Barrientos.