Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional de España, solicitó, por segunda vez, una copia certificada de los planes militares contrainsurgentes ejecutados en el país durante los ochentas.
gortiz@lahora.com.gt
El juez español busca incorporar los archivos militares en el proceso por genocidio que se investiga en España y en el cual están vigentes varias órdenes de captura con fines de extradición en contra de militares guatemaltecos retirados.
La petición de Pedraz fue remitida a Eduardo Cojulum, presidente del juzgado Undécimo de Primera Instancia, quien realiza las diligencias respectivas para el envío de los expedientes a España.
INSISTE
Pedraz solicitó por segunda vez a las autoridades judiciales guatemaltecas una copia de los archivos que detallan las estrategias militares contra insurgentes durante el conflicto armado interno para incorporarlos al proceso que investiga.
El juez guatemalteco, Eduardo Cojulum, recibió ayer la segunda petición de Pedraz e informó que los trámites de su primera solicitud ya habían sido diligenciados por esa judicatura.
Cojulum detalló que la judicatura que preside hizo la solicitud de los archivos tanto el Ministerio de la Defensa, como al juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, el cual tiene bajo custodia dos de los cuatro archivos.
Pedraz busca incorporar en el proceso por genocidio que se tramita en España, los planes militares: Sofía, Victoria 82, Plan Campaña y Firmeza 83, argumentando que esos documentos detallan la planificación de los hechos denunciados por la Premio Nóbel de la Paz, Rigoberta Menchú y espera hallar en loa archivos los nombres de quienes ordenaron las masacres durante la guerra interna.
INDICIOS
Benito Morales, abogado de la Fundación Rigoberta Menchú, opinó que Pedraz ha hecho ambas solicitudes según lo faculta su calidad de juez de instrucción del proceso y bajo el principio de jurisdicción universal, y que espera que los planes contrainsurgentes sean entregados por este país a la justicia española.
A criterio del jurista, los informes militares «arrojan indicios contundentes de la existencia de un plan genocida, que era implementado durante el conflicto armado», declaró.
Morales también indicó que la Audiencia Nacional española al analizar los archivos en conjunto con los testimonios de las víctimas sobrevivientes, y los informes antropológicos de exhumaciones, «encontró indicios racionales de autoría de altos mandos de los gobiernos de facto de esos años», enfatizó.