El juez Orlando Fierro ordenó ayer la detención del ministro de Agricultura del ex presidente ílvaro Uribe (2002-2010) por presuntas irregularidades en un programa de subsidios agrícolas.
El exministro Andrés Felipe Arias, un economista de 38 años, estaba en la sede del tribunal penal en Bogotá en la audiencia pública en la que el juez dio a conocer su fallo.
El juzgado aceptó el pedido que la fiscal general Viviane Morales había hecho el jueves en la primera diligencia del caso en el que el ex funcionario y cercano colaborador de Uribe fue imputado de los delitos de «contrato sin cumplimiento de requisitos legales» y «peculado por apropiación a favor de terceros».
«La medida de aseguramiento (detención) es adecuada», dijo Fierro al leer su decisión.
Al final de la lectura del fallo, el público aplaudió, lo cual provocó una amonestación del juez que afirmó que esas manifestaciones no eran permitidas en una corte.
Arias ha negado los cargos.
La detención fue la primera en contra de los miembros del círculo más cercano de colaboradores de Uribe.
«Respetamos pero no compartimos» la decisión del juez, dijo a los periodistas al final de la audiencia el abogado defensor de Arias, Jorge Aníbal Gómez. Agregó que no presentaron un recurso a la decisión de Fierro porque «no tiene sentido» apelar ante el mismo funcionario o juez. El ex ministro no habló con los periodistas.
Arias sólo se abrazó con su padre Rodrigo Arias y su esposa Catalina Serrano, antes de que agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía procedieran a retirarlo de la sala en calidad de detenido.
Fierro ordenó recluir a Arias en la cárcel de La Picota, en el sur de Bogotá.
La etapa de juicio contra Arias se desarrollará ahora en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia porque como ex ministro goza de fuero constitucional. Ese proceso puede demorar varios meses y de ser hallado culpable sería condenado mínimo a unos seis años de cárcel.
Más temprano, en otro tribunal penal de Bogotá se aplazó para el próximo viernes la decisión sobre si el ex secretario general de la Presidencia de Uribe, Bernardo Moreno, es enviado o no a prisión por su presunta participación en una red de espionaje que operaba desde la policía secreta.
José Darío Salazar, presidente del Partido Conservador, en el que milita Arias, aseguró que la medida de detención «no le quita (al ex ministro) la inocencia presunta que tiene (ante) las leyes colombianas».
Colombia «es un Estado de derecho y en los Estados donde prima el derecho a la gente se le presume inocente», añadió Salazar en conversación telefónica.
El senador Jorge Enrique Robledo, del izquierdista Polo Democrático Alternativo y uno de los que más revuelo le dio al tema de las aparentes anomalías en el plan de subsidios, indicó que la decisión judicial no le sorprendía.
«Las acusaciones (sobre supuesta obstrucción a la justicia por parte de Arias) son supremamente graves y están demostradas por la Fiscalía…Los argumentos que ha dado la Fiscalía en contra de Arias son supremamente poderosos», aseguró el senador en entrevista telefónica.
Decir que Arias no debe ir a la cárcel porque «no se robó un peso, es un argumento deleznable… Estamos hablando de un peculado en favor de terceros», explicó.
Arias es investigado por el programa «Agro Ingreso Seguro» o AIS, implantado en 2007 y que entregaba subsidios para estimular la producción y competitividad en el agro, pero que, según la Fiscalía, carecía de fiscalización y terminó entregando dinero a por lo menos nueve grandes familias o empresas que defraudaron al Estado con trampas como dividir sus fincas en varios lotes para obtener varias veces la asistencia estatal.
También se habrían violado principios legales como el de la obligación de convocar a licitaciones públicas previas a la entrega de los fondos, de acuerdo con la Fiscalía, que considera que Arias sabía de las irregularidades y aun así continuó con el programa para favorecer sus «intereses políticos». Es decir, apuntalar una candidatura presidencial, que comenzó en febrero de 2009 al dimitir a la cartera que dirigía desde el 2006.
El defensor de Arias sostuvo el viernes que los contratos directos son tan usuales y permitidos en la ley colombiana que el actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos renovó en octubre, por dos años, uno que databa de los tiempos de Arias para la zona del departamento del Magdalena, en el norte del país.
Gómez dijo también que el ex ministro fue «engañado» por unos pocos que buscaron sacar ventajas del plan de subsidio, y aseguró que el plan en total benefició a por lo menos 316.000 familias del campo, ocupando más de un millón de hectáreas, y se entregaron 1,5 billones de pesos (unos 852 millones de dólares) a otras 85.000 familias, la mayoría de ellas pequeñas y medianas campesinas.
Pero de acuerdo con el juez, los argumentos de la defensa no excusan el que Arias no cumpliera normas de la ley colombiana que dicen que un funcionario público debe velar por el buen uso de los recursos públicos.
El magistrado criticó además que Arias adujera que eran otros funcionarios de mediano nivel a quienes correspondía esa vigilancia.
«Quedó desmotrado que el imputado (Arias) ha llegado al reprochable extremo de buscar (a) un tercero» para asumir sus presuntas responsabilidades, dijo el juez en su fallo.
De acuerdo con la Fiscalía General, los perjuicios al Estado por las irregularidades cometidas por Arias ascienden a unos 43.000 millones de pesos (unos 23,8 millones de dólares). La cifra estuvo por debajo de los cálculos iniciales de la propia Fiscalía, que hablaban de unos 169 millones de dólares.