Nuestra segunda ciudad del país, Quetzaltenango, estuvo conformando durante un buen tiempo atrás un Comité Organizador de entusiastas quetzaltecos para impulsar la candidatura de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe para el año 2018.
A partir de tales entusiasmos, ha trascendido la noticia que el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) ha juramentado a un Comité responsable de obtener la sede para dicha ciudad, integrando también a los concejos municipales de ciudades circundantes como lo son Sololá y Totonicapán.
La responsabilidad de este Comité es preparar una serie de plataformas de trabajo y una propuesta que permita tomar la decisión al Comité Olímpico Internacional (COI), integrado por expertos en el tema, quienes de seguro estarán evaluando y comparando diversas ciudades de la región, en temas como: seguridad ciudadana, transporte, situación de las instalaciones deportivas, hotelería, y demás.
De acuerdo con las primeras informaciones, el número de atletas que se harían presentes ronda por los 10 mil, mientras que las instalaciones deportivas están orientadas a albergar 35 disciplinas, representando ello la necesidad de contar con un esquema organizativo de amplias proporciones.
Ahora bien, como todo tiene su contracara financiera, uno de los mayores retos en este tipo de eventos, que sin lugar a dudas traen una serie de beneficios para el sector privado, es la inversión que se requiere en la edificación de nuevas instalaciones, el remozamiento de otras y el alojamiento y transporte, lanzándose de una primera cifra que ronda los 1,200 millones de quetzales.
Se tiene planificada la construcción de un velódromo, un centro acuático, tres polideportivos, una villa para atletas que luego puede ser usada como viviendas particulares, así como la construcción de un centro para remo y deportes lacustres, en Sololá, que sería subsede.
Actualmente hay un aporte constitucional dedicado al deporte, y que comprende cerca de 800 millones de quetzales anuales y, además, está ya aprobada la Ley de participación público-privada, existiendo también modelos como el de la ciudad de Los Ángeles, que organizó los juegos olímpicos por medio de un esquema de aportaciones privadas de gran significancia.
Considero así que uno de los primeros pasos que debe realizar el Comité Organizador es la indagación de todas las fuentes de apoyo privado que puede capitalizar, así como los aportes municipales y los aportes al deporte que ya están asegurados por legislación hacia el 2018.
Unos juegos de esta naturaleza no debieran ser totalmente cargados al presupuesto público de la nación, sino primeramente determinar el total de aportes privados y municipales y, además, los propios aportes que por ley están dedicados al deporte nacional. Debieran, también, configurarse proyectos de inversión público-privados, como es el caso de los albergues que, como sucede en la Villa Olímpica cercana a la ciudad universitaria en el Distrito Federal, se trata de hogares que ahora están en manos de residentes citadinos.
Hace ya más de cincuenta años, un esfuerzo parecido, durante la época de Jacobo Árbenz, fue el que le dio vida a las instalaciones de la zona 5, que aún hoy en día, permiten el libre disfrute de la recreación y la actividad física de miles de jóvenes guatemaltecos y, además, albergan al Palacio de los Deportes, razón por la cual es de esperar que todo esto llegue a concretizarse, sin implicar un costo de oportunidad muy alto para el país.