La CSJ no ha tomado una decisión respecto a la ampliación de competencia en juzgados y tribunales de la capital, pero los jueces del OJ piden al pleno que tome las medidas de seguridad necesarias de ser aprobado el proyecto de concentrar los casos de alto impacto en la capital.

El proyecto sobre la concentración de los casos de alto impacto en juzgados de la capital fue presentado en el Organismo Judicial (OJ) por Carlos Castresana, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sólo analizó ayer el proyecto de ampliación de competencia en los juzgados de primera instancia penal y tribunales de sentencia del OJ, pero no lo aprobó.

Seguridad

Patricia Gámez, presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados, indicó que es la CSJ la que tiene la facultad para distribuir la competencia en la administración de justicia, por lo que deben hacer los análisis respectivos en cuanto a equidad y conveniencia del sistema.

La juzgadora hizo énfasis en los delitos graves: «la CSJ tiene que tomar en cuenta los mecanismos de seguridad que correspondan, para los titulares que van a asumir esas funciones, si es que deciden concentrar la competencia en los órganos jurisdiccionales», manifestó Gámez.

La entrevistada añadió que es necesario que los jueces se encuentren investidos de todas las facultades que la ley manda «y no vayan a ser intimidados, amenazados y mucho menos puedan sufrir atentados por las decisiones que tomen en el cumplimiento de la ley», indicó.

Gámez reiteró en su pronunciamiento que si la CSJ decide concentrar la competencia en los juzgados y tribunales de la capital, «que se garanticen mecanismos de seguridad y protección para los juzgadores», declaró.

Análisis

Jorge Cabrera, presidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios de la CSJ, informó que actualmente el pleno de magistrados busca la viabilidad legal para la aplicación de ese proyecto.

Cabrera explicó que la Cámara Penal planteó ayer la propuesta de concentración de casos de alto impacto en los juzgados y tribunales de la capital, la cual será analizada la próxima semana.

«Buscamos no violar las normas constitucionales, especialmente las del debido proceso que están establecidas en la Constitución», explicó Cabrera.

«Se argumenta de la seguridad de los jueces del interior de la República, pero también los jueces de la capital argumentan que ellos corren el mismo riesgo», dijo finalmente el magistrado.

La CSJ analiza detalles como el traslado de los imputados, testigos y la seguridad de estos; además de los gastos en los que deben incurrir las personas al ser trasladadas hacia la capital.