A la recién instalada CSJ le ha tomado casi un mes nombrar a los titulares de diferentes judicaturas penales del Organismo Judicial (OJ); en particular tres que presidirán juzgados que conocen casos de alto impacto en el paí­s.

Estos juzgados son: Segundo, Quinto y Décimo de Primera Instancia Penal, los cuales conocen los proceso abiertos por el desví­o de Q 82.8 millones de los fondos del Congreso en Mercado de Futuros, S. A.; el caso contra el ex presidente Alfonso Portillo por el desfalco de Q 120 millones del Ministerio de la Defensa durante su gestión, y el procesamiento de once personas capturadas por el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg.

El presidente de la Cámara Penal reconoció que no existen métodos efectivos que permitan a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) nombrar a los profesionales del derecho idóneos para dirigir esas judicaturas.

Sin embargo, en la anterior administración, el proceso de selección para el nombramiento de jueces no fue muy evidente; lo que hace pensar que como piezas de ajedrez, los ex magistrados colocaban a estos en posiciones estratégicas que respondan a otro tipo de intereses.

SIN Mí‰TODOS

César Barrientos, presidente de la Cámara Penal, explicó que la CSJ carece de procedimientos que permitan conocer los antecedentes de manera objetiva de quienes aspiran a ese tipo de cargos en el OJ e indicó que trabajarán en un mecanismo que les permita tener antecedentes más amplios y precisos sobre los jueces de esa institución.

«Buscamos que esos cargos sean ocupados por las personas más idóneas y más comprometidas por la justicia, tomando en cuenta méritos como sus esfuerzos, capacidad y valor, inmersos en los principios de la carrera judicial», detalló Barrientos.

El magistrado lamentó que algo que parece tan sencillo les esté tomando tanto tiempo e indicó que basados en la Ley de la Carrera Judicial buscarán los mecanismos que les permitan hacer los nombramientos de una manera más rápida.

«Esta situación sólo refleja aún más la crisis y la necesidad de reorganización administrativa y de reingenierí­a del poder judicial», enfatizó el magistrado; y consideró necesario además abrir la posibilidad de señalamientos antes que el nombramiento quede en firme.

SIN CARRERA

Javier Monterroso, director de incidencia del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, opinó que lo ideal serí­a que todos los jueces deberí­an tener las mismas calidades, capacitaciones y evaluación de desempeño.

«En este caso no se trata sólo de los procedimientos de evaluación, el sistema debe ser reformado para que sea objetivo; simplemente un juez que tiene tachas en el sistema disciplinario no deberí­a ser tomado en cuenta para esos puestos», indicó Monterroso.

El analista añadió que en el paí­s, el sistema de justicia hace que «la promoción como tal no exista», ya que los jueces sólo pueden ser de paz, de instancia o de sentencia, y que para ser magistrado se necesita ser nombrado por el Congreso, lo que implica gestión de los aspirantes con los diputados, indicó.

Monterroso además criticó que los nombramientos de jueces en anteriores administraciones han sido para favorecer a ciertos grupos o intereses y que eso se debe a que los magistrados son nombrados «en base a conectes polí­ticos». Según el analista, «hasta que no haya jueces de carrera se van a seguir dando injerencias del sector económico y polí­tico en el poder judicial», enfatizó.

CASA SUCIA

Nineth Montenegro, diputada del Congreso de la República, opinó que a la CSJ le está siendo difí­cil el procedimiento de nombramiento de jueces titulares por varias razones: «les está costando adaptarse a una nueva metodologí­a de trabajo y además encontraron la casa muy sucia y mal estructurada y están tratando de establecer lí­neas de confianza con grupos y personas en ese organismo», indicó.

La legisladora indicó además que los actuales magistrados tienen que adecuar los procedimientos a la Ley de la Carrera Judicial para no perder la objetividad en esa tarea, además dijo que deben evitar que hayan influencias polí­ticas en esas gestiones.

«El problema con la anterior CSJ es que estaba en una condición paupérrima y lamentable que evidenciaba los nombramientos de jueces por prebendas polí­ticas, intereses de partidos y recomendaciones y no por mérito que deben tener», agregó la diputada.

Montenegro dijo finalmente que hubo un descuido involuntario de la sociedad para la fiscalización de esos movimientos y que es ahora cuando esta deber asumir un papel más activo en el actuar de los altos magistrados que tienen en sus manos decisiones administrativas a ese nivel.