Jóvenes de países vecinos de Centroamérica son vulnerables al ilícito de trata de personas en el que incurren las redes que operan entre países; el Ministerio Público (MP) ha conocido sólo en lo que va del año 35 denuncias relacionadas con ese delito.
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El 26 de octubre de 2007, una joven de 16 años buscaba empleo en su país de origen, El Salvador; mientras ojeaba los anuncios publicados en medios de prensa pudo fijarse que había uno que ofrecía «trabajo para modelos con buena remuneración económica y oportunidad para viajar a otros países de Centroamérica, interesadas llamar a (…)»
En el lugar al que fue citada le confirmaron que trabajaría para una agencia de modelaje y que debía viajar a Guatemala; el 30 del mismo mes llegó a este país, se reunió con algunas personas de diferentes nacionalidades quienes le explicaron que su primera ocupación sería la de «dama de compañía».
La joven salvadoreña estuvo por un mes en un antro ubicado en la zona 14 capitalina. A principios de diciembre, en un operativo en ese lugar, la fémina es puesta a disposición de un juez, quien ordena su repatriación.
En la declaración tomada por la fiscalía, la menor indicó que fue coaccionada para permanecer en ese lugar y señaló a quienes la explotaron sexualmente, lo que motivó la orden de aprehensión contra la encargada del negocio, de origen hondureño, y tres personas más.
Diligencias
Actualmente la fiscalía nacional mantiene conexión con autoridades salvadoreñas, quienes investigan a quienes pudieron haber publicado el anuncio de prensa con el que se inició el caso.
Féminas menores de 18 años de origen hondureño y nicaragí¼ense son constantemente víctimas de explotación sexual según datos de la Unidad de la Niñez víctima del Ministerio Público (MP). La ciudad capital es donde se concentra la mayor captación de personas para esos fines.
De enero a la fecha han sido presentadas en la citada fiscalía 35 denuncias por el delito de trata de personas, 23 de ellas sobre procesos anómalos de adopción y 12 referentes a la explotación sexual.
El fiscal Alexander Colop explicó que el MP ha identificado a seis redes que se dedican a la captación de personas tanto con fines de adopción como de explotación sexual y agregó que estas organizaciones ilícitas operan incluso de país a país.
Jessica Ortiz, de la Misión Internacional de Justicia, consideró que a pesar de la reciente reforma al delito de trata de personas en la ley penal, la sentencia debería ser más alta «por la magnitud de los daños que tienen las y los jóvenes que son explotados sexualmente», resaltó.
La entrevistada añadió que el Estado debe hacer más énfasis tanto en la capacitación de los funcionarios afines al tema, y la permanencia en sus puestos de trabajo ya que eso permitiría darle continuidad a los casos.
El Código Penal, en su artículo 194 refiere que comete el delito de trata de personas: «quien, en cualquier forma, promoviere, facilitare o favoreciere la entrada o salida del país de mujeres (varones, párrafo tercero) para que ejerzan la prostitución».
Dicho artículo contempla la pena de prisión de uno a tres años y una multa de Q 500 a Q 3 mil, y que la pena podría aumentarse dos terceras partes.