La imagen de José Castro llegando con su moto y su casco a los juzgados de Palma de Mallorca se hizo muy familiar para los españoles, que desde hace tiempo la ven con frecuencia en los informativos de televisión.

Castro es el juez que imputó a la infanta Cristina cuando era hija del rey Juan Carlos y que ahora que es hermana del rey Felipe VI, y dictamina que debe ser juzgada por haberse beneficiado de los negocios ilegales de su marido, Iñaki Urdangarin.

Del magistrado se habla como el «juez justiciero», el apelativo que ya hace tiempo empleó un fiscal para definirlo.

«La Justicia es igual para todos», proclamó él la primera vez que imputó a Cristina de Borbón en abril de 2013. Aquella imputación la anuló después un órgano superior.

Él volvió a imputarla en enero de este año y al mes siguiente, la entonces hija del rey de España llegaba a los modestos juzgados de instrucción de Palma de Mallorca para convertirse en el primer miembro de la familia real en ser interrogado por un juez.

En la sala en la que testificó durante más de cinco horas frente a la fotografía de su padre, Cristina oía el bullicio de la calle. «Castro, amigo, el pueblo está contigo», coreaban los manifestantes.

Algunos portaban pancartas con lemas como «La justicia tiene un nombre: Castro». Y aquellos días, la prensa española hablaba de «un juez implacable al que no le tiembla el pulso».

Con la investigación del gran escándalo de corrupción que asestó al reinado de Juan Carlos I su mayor golpe y que está entre las razones de la reciente abdicación del monarca en su hijo, Castro se convirtió en un referente en una España en la que las instituciones, incluida la Justicia, sufren un gran descrédito ciudadano.

En los tiempos que corren, en los que algunos procederes en los últimos años dañaron el prestigio de la Justicia, muchos dudaban de que una hija del rey pudiera llegar a ser llamada por un magistrado para ser interrogada y mucho más, de que pudiera ser procesada.

Es lo que pide Castro, pero el recurso de la fiscalía deja la decisión final en manos de la Audiencia Provincial de Palma, el tribunal que el año pasado anuló la primera imputación de la infanta.

Las alabanzas al juez en todo este tiempo llegaron de todos los ámbitos. «La justicia empieza a ser igual para todos, gracias a jueces como el juez Castro», dijo hoy Cayo Lara, líder de Izquierda Unida (IU), la tercera fuerza parlamentaria de ámbito nacional.

Lo califican de «valiente». Porque tener la ley del lado de uno no evita cierto vértigo en decisiones como las que tomó. «No se arruga ni desfallece ante esos casos complejos», dice un compañero. «Busca la verdad a fondo y hace respetar la ley con severidad», en palabras de un fiscal.

«Pepe», como le dicen los conocidos, es un juez campechano que nació en Córdoba en 1947. Fue funcionario de prisiones, secretario judicial, juez de magistratura y es juez de instrucción desde hace casi un cuarto de siglo. A lo largo de su carrera recorrió buena parte de la geografía española y rechazó ascensos y nombramientos.

Su forma de vestir, alejada en ocasiones de corbatas y trajes, contrasta con la de otros jueces y fiscales. Sobre todo por sus chaquetas de cuero, reminiscencia de sus tiempos de joven motero, cuando llevaba una cilindrada muy superior a la que lleva ahora.

Es poco dado a las efusividades y le sonrojan los aplausos, que en los últimos años recibió en varias ocasiones de espontáneos al entrar o salir de su juzgado. Huye del protagonismo. Nunca dio una entrevista. Entra y sale del juzgado sin hacer declaraciones, a lo sumo los periodistas le sacan dos palabras. Literal. Y de vez en cuando pone gesto severo ante la presencia de la prensa.

Está separado, tiene tres hijos y algún nieto, y también novia. Y es aficionado al «kendo», la esgrima japonesa. Conduce un deportivo de marca alemana y también una bicicleta.

Su independencia la lleva a rajatabla. Ni siquiera es miembro de una de las asociaciones de la magistratura, por cuya pertenencia, al final, se clasifica a los jueces en «progresistas» o «conservadores».

En sus interrogatorios es irónico y sarcástico. Y también muy claro. Lo comprobó la infanta Cristina en febrero, cuando el juez, que la trató en todo momento de señora y no de alteza real, la tuvo más de cinco horas respondiendo preguntas, muchas incisivas.

El caso que cerró Castro no es el primero en el que encara la corrupción. De hecho, tiene amplia experiencia en el tema. Pero sí es el único en el que uno de los protagonistas es hija y hermana de rey. Y por él pasará a los libros de Historia de España.

FISCAL CONTRA JUEZ

El fiscal Pedro Horrach no necesitó más de 24 horas para recurrir la decisión con mayor repercusión social de la carrera del juez José Castro: la de mandar al banquillo de los acusados a la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI.

Lo hizo además en un documento en el que vierte duras acusaciones contra el magistrado junto al que combatió la corrupción durante años en buena sintonía.

«Construye una andamiaje probatorio, con una falsa apariencia de solidez, para imputar a Doña Cristina de Borbón. Cuando se revisan los anclajes de dicha estructura se revela tal inconsistencia que una leve brisa lo desmorona», aseguró Horrach.

La infanta Cristina se ha interpuesto entre juez y fiscal y el recurso que presentó este último no constituye la primera crítica al magistrado.

Castro realizó una instrucción «a la carta» y estuvo influenciado por los medios de comunicación, según Horrach, que lo acusó además de llevar a cabo «una espiral inquisitiva» y «un juicio de valor basado en meras conjeturas» al pedir procesar a la infanta por dos delitos fiscales y uno de blanqueo de capitales.

El juez, andaluz nacido en Córdoba (sur) en 1947, y el fiscal, mallorquín dos décadas más joven, cimentaron una relación personal a fuerza de trabajar codo con codo, a veces también noche, durante años en los que compartieron presiones y seguramente charlas sobre motos y automóviles deportivos, que les gustan a ambos.

Muchas de sus investigaciones conjuntas en las Islas Baleares culminaron en juicios con condenas a cargos públicos. Llevaron al banquillo juntos al ex ministro de José María Aznar y ex presidente del gobierno regional balear Jaume Matas, protagonista de uno de los escándalos de corrupción más sonados de los últimos años en España: el «caso Palma Arena».

De su investigación de cómo se dobló el gasto de construcción de un pabellón deportivo salieron más de una veintena de causas por corrupción. Una, el caso que hizo temblar los cimientos de la monarquía española y cuya investigación impulsaron juntos hace más de tres años.

Pero el juez y el fiscal se enfrentan desde hace meses por la imputación de la infanta Cristina, que con la decisión de Castro del miércoles quedó a un paso del banquillo.

«Seguimos sin saber qué concretos delitos y hechos pueden imputarse a Cristina de Borbón», sostuvo Horrach en su recurso.

La víspera, el juez aseguró que existen «sobrados indicios de que doña Cristina ha intervenido, de una parte, lucrándose en su propio beneficio y, de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido» a través de una «colaboración silenciosa» en la empresa de la que cada uno de ellos es dueño al 50 por ciento.

«La química entre el juez y el fiscal se ha roto. Eran íntimos y ahora parecen contrincantes», constató ya hace unos meses un abogado que los trata, después de que Castro imputara a la hija del entonces rey Juan Carlos y la citara a declarar.

Hasta la imputación de Cristina, el criterio de ambos había sido unánime en el caso de corrupción por el que han investigado a su marido, Iñaki Urdangarin.

A este lo acusan ambos de haberse apropiado de seis millones de euros de dinero público junto a su ex socio cuando estaban al frente del Instituto Nóos, una organización en teoría sin ánimo de lucro que firmó suculentos contratos con gobiernos regionales.

Afables y nerviosos ambos, en el tribunal no dejan que se escapen los acusados, tanto con retórica como con vehemencia. Juntos tuvieron al ex deportista declarando 22 horas la primera vez que fue llamado como imputado.

En febrero, cuando le llegó el turno a Cristina, fue distinto. El juez la tuvo más de cinco horas respondiendo a sus preguntas. El fiscal preguntó media hora y dejó claro su criterio de que no debería estar allí. Siempre ha asegurado que la infanta desconocía las actividades de su marido.

«Ha sido imputada por ser quien es», dijo el miércoles tras conocerse la decisión de Castro. Si hubiera sido otra persona, «ni se habría hablado de ella».

Ante una ciudadanía que según las encuestas cree mayoritariamente que hay razones para mandar a la infanta al banquillo, Horrach está recibiendo fuertes críticas frente a los halagos que recibe el juez.

Se ha puesto «en la parte del abogado defensor» de la infanta Cristina, lamentó Cayo Lara, el líder de Izquierda Unida (IU), la tercera fuerza parlamentaria de España.