La niña de 13 años abrió la puerta de su casa en esta pequeña ciudad pegada a Phoenix y se encontró con un hombre que decía que su auto se había averiado y necesitaba hacer una llamada telefónica. Una vez adentro, el individuo atacó a la menor por atrás, la golpeó hasta hacerle perder el conocimiento y la violó.
Siete meses atrás, en un departamento a poco más de tres kilómetros (dos millas), otra muchacha de 13 años era manoseada de noche por el compañero de su madre. Al menos dos veces por semana se despertaba y lo veía a él parado frente a su cama, diciendo que estaba buscando el teléfono celular de su madre.
Esas son dos de más de 400 denuncias de delitos sexuales hechas ante la oficina del alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, entre el 2005 y el 2007 –incluyendo decenas de supuestos abusos a menores de edad– que no fueron adecuadamente investigadas y en algunas instancias ni siquiera se trabajó en ellas, de acuerdo con oficiales de policía que trabajan o trabajaron en la oficina del alguacil y están familiarizados con los casos.
Solamente en El Mirage, donde la oficina de Arpaio ofrecía servicios policíacos por contrato, se descubrieron al menos 32 denuncias de abusos de menores –algunas víctimas tenían dos años de edad– a los que la oficina del alguacil no les dio seguimiento, incluso a pesar de que los sospechosos eran conocidos en todos los casos salvo en seis.
Muchas de las víctimas eran niños de inmigrantes sin permiso legal para estar en el país, dijo un oficial de policía retirado de El Mirage que revisó los expedientes.
Estas investigaciones fallidas han servido para abochornar al departamento, cuyo alguacil se describe a sí mismo como el «Alguacil más duro de Estados Unidos» y es un referente importante de los conservadores por sus esfuerzos para combatir la inmigración ilegal.
La oficina de Arpaio se negó en repetidas ocasiones durante meses a responder preguntas sobre las investigaciones y declinó una petición de registros públicos para un reporte de asuntos internos, citando acciones disciplinarias potenciales.
Brian Sands, un alto funcionario que está a cargo de disciplinar a cualquier empleado responsable de irregularidades, pudo hablar después sobre los casos. Declinó, no obstante, hablar sobre el motivo de que no hubieran sido investigados. «Aquí se han cometido violaciones a las políticas» del departamento, dijo Sands. «Es obvio, pero no puedo comentar de quién o cuáles».
La oficina del alguacil fue contratada para suministrar servicios policíacos en El Mirage ya que la ciudad tenía problemas con su entonces departamento de Policía. Cuando terminó el contrato y regresó la Policía a El Mirage, la ciudad pasó un año escudriñando en capas y capas de inquietantes casos no completados.
El detective de El Mirage, Jerry Laird, quien revisó algunas de las investigaciones, se enteró por un resumen del alguacil de entre 50 a 75 casos que tomó de la oficina de Arpaio que mostraba que una abrumadora mayoría de ellos no habían sido tratados como correspondía.
En otras palabras, no había informes de seguimiento, no hubo recolección de evidencia forense y no se hizo esfuerzo alguno más allá del reporte inicial del crimen.
Arpaio reconoció que su oficina había completado una investigación interna sobre las investigaciones inadecuadas, pero dijo «No creo que sea correcto entrar en eso hasta que no lleguemos al fondo y veamos si hay acciones disciplinarias en contra de algún empleado».
Una pequeña cantidad de casos de El Mirage fueron pasados a los fiscales, pero el Departamento de Policía de El Mirage dijo que ya era demasiado tarde para investigarlos: la evidencia anterior al 2006 a menudo ya no servía o ni siquiera fue recolectada, las víctimas se habían mudado o ya no querían lidiar con esos episodios de sus vidas.
Bill Louis, entonces asistente del jefe de Policía de El Mirage, quien revisó los archivos luego de que el contrato del alguacil terminara, cree que la decisión de ignorar los casos fue tomada deliberadamente por los supervisores en la oficina de Arpaio, no por investigadores individuales.
«Conozco a los investigadores. No puedo creer que ellos hayan ignorado estos casos. No hay manera», dijo Louis. «La orden debió venir de arriba».
Louis cree que quien haya tomado la decisión sabía que los inmigrantes sin permiso legal de estar en el país, que frecuentemente están de paso o le temen a la Policía, muy difícilmente se quejarían por la calidad de la investigación. Dijo que algunos casos involucraban incluso a familias con permiso legal de estar en el país.
El Mirage le pagó a la oficina del alguacil 2,7 millones de dólares por una amplia gama de servicios policiales desde 2005 hasta mediados de octubre de 2007, luego de que el Departamento de Policía fue criticado por una auditoría que determinó que era poco organizado y estaba mal supervisado y mal administrado.
Los registros policíacos de El Mirage obtenidos por The Associated Press en archivos públicos establecen un patrón de denuncias de delitos sexuales que no fueron investigadas por la oficina de Arpaio.
De acuerdo con Sands y Scott Freeman, un oficial del alguacil que escuchó quejas del entonces jefe de Policía de El Mirage, Mike Frazier, sobre la calidad de las investigaciones de las denuncias de abusos sexuales, más de 400 casos en todo el condado fueron reabiertos. Freeman le dijo a los investigadores externos que examinaban el desempeño de la oficina de Arpaio que hicieron varios arrestos en los casos reabiertos.
El reporte de abril del 2011 sobre supuestos errores de gestión señaló que la investigación interna de la oficina del alguacil fue interrumpida dos veces y reanudada en diciembre de 2010.
Aunque se ha intentado hacer un seguimiento de los casos, el asunto se ha complicado ya sea porque las víctimas no quieren continuar el proceso, o porque su paradero es desconocido o no contestan a la investigación de la Policía.
Las autoridades federales dijeron que la oficina del alguacil Joe Arpaio, cometió una amplia gama de violaciones de los derechos civiles mediante el etiquetamiento racial de hispanos, reprimió la inmigración en base a denuncias racistas y castigó a presos hispanos por hablar español en la cárcel.
Un informe de las autoridades dice que continuarán las investigaciones de denuncias sobre agentes que emplean fuerza excesiva contra los hispanos.
El informe, obtenido por The Associated Press antes de su difusión, es el resultado de una investigación de tres años del Departamento de Justicia en medio de quejas de etiquetamiento racial y prejuicios.
Las conclusiones del Departamento de Justicia en la investigación civil son la refutación más severa del gobierno federal de una figura que ha cobrado notoriedad nacional por su represión a la inmigración y favorito de los aspirantes a la candidatura presidencial republicana.
Aparte de la investigación sobre derechos civiles, un jurado federal también ha indagado a la oficina de Arpaio por denuncias de abuso de poder desde diciembre del 2009.
El informe sobre derechos civiles señala que las autoridades federales seguirán investigando las denuncias de que los agentes de Arpaio utilizan fuerza excesiva contra los hispanos, si su actitud socava la confianza de la comunidad hispana, y si no investigó un gran número de delitos sexuales asignados a su departamento.
El informe reprende a la oficina del alguacil por lanzar redadas migratorias.
Thomas Perez, quien dirige la división de derechos civiles del Departamento de Justicia, escribió que las acciones de Arpaio contribuyeron a la «cultura prejuiciosa» de su oficina, y agregó que con frecuencia entregaba cartas con afirmaciones racistas a sus altos asistentes.
Perez dijo que existe una cultura de la inconstitucionalidad en la oficina de Arpaio. Añadió que según el especialista del departamento sobre encasillamiento racial, es el caso más notable de encasillamiento en el país que él conozca o sobre el cual haya leído.
Los investigadores entrevistaron a más de 400 personas, incluido Arpaio, leyeron miles de documentos e inspeccionaron la cárcel municipal, añadió.
El informe requerirá que Arpaio establezca políticas antidiscriminatorias efectivas, mejore la instrucción del personal y haga otros cambios que serán observados por un juez. El alguacil enfrenta un plazo al 4 de enero para decir si quiere negociar un acuerdo. De no hacerlo, el gobierno federal lo demandará y dejará la decisión a manos de un juez.
La oficina del alguacil del condado de Maricopa no respondió a los pedidos de declaraciones.
Arpaio, que se publicita como el jefe de Policía más enérgico de la nación, niega que sus agentes incurran en etiquetación racial y dice que actúan cuando tienen motivos para suponer que alguien ha cometido un delito, y que recién después descubren que algunos están ilegalmente en el país.
Arpaio ha ganado notoriedad por alojar a reclusos en carpas y darles ropa interior de color rosa, diciendo que es intolerante con el delito y llevando al límite lo que la Policía puede hacer para enfrentar la migración ilegal.
El informe agrega que él y algunos altos asistentes han tratado de silenciar a las personas que se han quejado de la actitud de Arpaio practicando arrestos sin causa, interponiendo demandas infundadas contra adversarios, e iniciando investigaciones de sus críticos.
Un ejemplo citado por el Departamento de Justicia es el de uno de sus altos asistentes, David Hendershott, quien presentó demandas contra abogados críticos de la agencia y contra jueces que no estaban de acuerdo con el alguacil. Todas esas demandas fueron desestimadas.
Bill Louis
Exasistente del jefe de Policía de El Mirage