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En el Congreso de la República se discuten los términos de la agenda legislativa que se priorizará en los primeros tres meses del año, en la que se pretende incluir iniciativas que contemplan reformas a la Ley de Amparo, a la Ley Orgánica del Ministerio Público, la ley de Policí­a e Investigación Criminal y la ley contra el Enriquecimiento Ilí­cito.

Esta última tiene dictamen favorable desde diciembre de 2008 por parte de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, presidida por el diputado independiente Oliverio Garcí­a Rodas, pero hasta la fecha no ha avanzado para su lectura en el hemiciclo.

La iniciativa de ley contra el Enriquecimiento Ilí­cito es el resultado de la unificación de tres proyectos -3894, 3919 y 3963- presentados por distintas bancadas con el objetivo de tipificar los delitos cometidos por funcionarios o empleados del Estado en contra de la administración pública, entre los que se encuentran el enriquecimiento ilí­cito, tráfico de influencias y cobro ilegal de comisiones.

Para la diputada Nineth Montenegro, promotora de la ley, así­ como va encaminada la iniciativa, resulta insuficiente para penalizar a las personas particulares que se enriquecen con el erario del Estado, ya que el proyecto únicamente contempla penas para los funcionarios, mientras que se excluye de castigo a los particulares que sin ostentar cargos públicos participan y se benefician de actos de corrupción.

Actualmente, en el proyecto se lee que «las sanciones son contra todo funcionario y empleado público», y no se hace mención de las personas individuales o jurí­dicas más que en la tipificación del cohecho activo, el testaferrato y el tráfico de influencias.

De esa cuenta, delitos como el fraude y el cobro indebido únicamente recaerí­an sobre funcionarios y empleados públicos, mientras que no se contempla sanción para los particulares que tomen parte de los ilí­citos.

Otra discusión que se ha dado entre los parlamentarios es que para algunos la ley contra el Enriquecimiento Ilí­cito redunda en la Ley de Extinción de Dominio (LED), a pesar de que esta última no contempla castigos para quienes cometen ilí­citos y su marco de aplicación se reduce a la extinción de los bienes obtenidos de forma anómala.

Asimismo, señalan que la propuesta contra el Enriquecimiento Ilí­cito es un complemento de lo que se puede llamar «el paquete legislativo anticorrupción» que deberí­a incluir también la eliminación del secreto bancario y la total implementación de la eliminación de las acciones al portador.

En estos momentos, para entrar a discusión en el pleno del Congreso la iniciativa requiere del voto favorable de, como mí­nimo, siete de los trece jefes de bloque, quienes en su mayorí­a manifiestan su apoyo al proyecto.

CONTRARRELOJ

Debido a que 2011 es un año electoral, se prevé que el primer trimestre será fundamental en el trabajo parlamentario para que se conozcan las iniciativas de ley pendientes de aprobación. En la primera sesión de jefes de bloque del año existí­an alrededor de 30 iniciativas, que se esperaba reducir a las prioritarias.

«Lo que no pasa en los primeros tres meses no pasa nunca», menciona el diputado Pablo Duarte, jefe de bancada del Partido Unionista, quien espera que se apruebe dicha ley con el consenso de los demás jefes de bloque.

Si no se aprovecha ese tiempo «nos vamos a topar con que muchos diputados están tratando de reelegirse y lo que nos quedará será una agenda decaí­da», refiere el analista Oswaldo Samayoa, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (IECCPG).

Por su parte, Montenegro agrega que «la instancia de jefes de bloque debe poner un plazo para que se siga con sus lecturas, de lo contrario no se va a lograr su aprobación».

A la fecha, aún no se conoce qué recomendaciones piensan hacer los jefes de bloque a la iniciativa de ley presentada. Valentí­n Gramajo, subjefe de bancada del Partido Patriota, menciona que están analizando el proyecto de ley para luego lograr su aprobación.

«En la medida en que generemos mejor transparencia y en que tengamos más adecuada nuestra legislación para combatir a la corrupción, el Estado se puede ir ordenando de mejor forma para ejecutar lo que tiene que hacer», finaliza Samayoa.

Al ser consultados por La Hora, 12 de los 13 jefes de bloque en el Congreso indicaron -con diferentes matices- que apoyarí­an la inclusión de la iniciativa en la agenda del Congreso. El diputado Roberto Villate, de la bancada Lider, fue el único que se manifestó en contra pues argumentó que Lider presentará su propia iniciativa.

COMPLEMENTO

Samayoa considera que la iniciativa de ley contra el Enriquecimiento Ilí­cito propone una revisión del Código Penal para penalizar, de mejor forma, la corrupción que se puede dar dentro del Estado y cree que se complementa con la LED. «Ambas leyes son herramientas que se complementan y que no riñen entre sí­».

«Mucho de lo que se tiene que hacer con la ley de Enriquecimiento Ilí­cito es revisar el contenido porque tenemos que garantizar que sea una ley en donde quede tipificado los delitos contra la administración», agrega.

También menciona la necesidad de tipificar los delitos de tipo económico y que quede garantizado dentro de las mismas los alcances anticorrupción.

«No solo está creando el tipo penal de enriquecimiento ilí­cito, si no está haciendo toda una revisión del Código Penal donde deben de dárseles mas dientes a esos delitos», para que de esa forma, agrega, pueda abarcar el tema de corrupción de los funcionarios de forma más amplia. 

Por su parte, Montenegro reconoce que ante la falta de cobertura que tiene hací­a los particulares la ley contra el Enriquecimiento Ilí­cito es necesario pensar en una normativa que tenga impacto en las actividades ilí­citas, especialmente sobre la corrupción en la que se ven envueltos particulares que manejan fondos o bienes públicos.

De esa cuenta, la legisladora presentó públicamente ayer la iniciativa de ley de Probidad Pública, que obliga a rendir cuentas a todas las personas que perciban o manejen fondos y bienes del Estado, entre los que se incluye a particulares, funcionarios y empleados públicos.

El proyecto contempla, entre sus disposiciones, prohibiciones para ser contratista del Estado pero, además, sanciona el delito de enriquecimiento ilí­cito, el enriquecimiento ilí­cito de terceros y castiga a otros autores de enriquecimiento ilí­cito.

Montenegro explica que la actual iniciativa de ley contra el Enriquecimiento Ilí­cito, con dictamen favorable, se circunscribe al ámbito público, por lo que destaca como un complemento fundamental la aprobación de la normativa que regula la probidad administrativa.

Para Samayoa, además de la aprobación y el cumplimiento de las leyes es necesario fortalecer la fiscalización y el control ciudadano.

«Existe una cantidad de sectores que están interesados en que esta ley no avance», refiere.

«Toda la ciudadaní­a exige que haya mayor transparencia por lo que hay que seguir articulando esfuerzos para lograrlo (…) esto pareciera ser a largo plazo, pero a mediano y corto plazo el primer paso es que la base normativa nos permita eso», dice el experto.