La izquierda se prepara para pedir la invalidez de la elección presidencial en la que resultó ganador el Partido Revolucionario Institucional por considerar que los comicios no fueron limpios ni equitativos.
Ricardo Monreal, coordinador de campaña del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, dijo que en la impugnación a los resultados electorales que tienen previsto interponer hoy argumentarán entre otras cosas que el PRI superó los límites de gasto permitidos por la ley y que estuvo detrás de la compra de votos lo que a su juicio no habría permitido realizar elecciones libres.
«Se violaron los principios de certeza, de imparcialidad, de equidad, de objetividad y de profesionalismo», señaló Monreal, citado el jueves por el diario El Universal.
A diferencia del 2006, cuando al quedar en segundo lugar de la votación se lanzó a las calles y tan sólo en la ciudad de México bloqueó por seis semanas una importante vialidad, hoy analistas ven a una izquierda más madura que preferirá mantener su oposición en los canales institucionales en lugar de las plazas públicas.
Para René Torres Ruiz, de la Universidad Iberoamericana, el que la izquierda haya anunciado que recurrirá a los instrumentos constitucionales para impugnar, «nos están mandando un mensaje de que se apegarán a la legalidad».
«Creo que la izquierda reconoce que esa posición extrema a la que llegaron en 2006 no les hizo mucho bien frente a los ojos de los electores», dijo Torres.
México vota por presidente cada seis años y está prohibida la reelección.
«Creo que habrá un PRD diferente después de las elecciones y ese PRD más bien estará apuntándole a 2018», dijo a la AP Virgilio Bravo, profesor del Tecnológico de Monterrey, para quien hay algunas figuras dentro del mayor partido de izquierda menos proclives a promover manifestaciones, como el alcalde capitalino Marcelo Ebrard.
López Obrador fue postulado a la presidencia por su Partido de la Revolución Democrática (PRD), en alianza con otros dos partidos minoritarios de izquierda: el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano.
Para Bravo, es posible incluso que el propio López Obrador asuma una actitud menos beligerante a la que asumió en 2006 cuando no sólo desconoció el triunfo entonces del conservador Partido Acción Nacional (PAN), sino que se autoproclamó «presidente legítimo».
«Hoy pudiéramos ver a un López Obrador mucho más maduro, mucho menos belicoso que en el 2006; más institucional, porque finalmente habrá madurado algo en el camino», dijo.
Y aunque el tribunal confirme el triunfo del PRI, la izquierda se encamina a tener una importante presencia en el Congreso.
De manera individual, el PRD sería la tercera fuerza en la Cámara de Diputados, pero con sus aliados del PT y Movimiento Ciudadano, la izquierda se ubicará en la segunda posición por encima del conservador PAN.
El PRI, según la votación, regresará al poder tras 12 años de su primer derrota en la presidencia luego de siete décadas.
El PRI fue derrotado por primera vez en el 2000 por el PAN, que ha gobernado por dos periodos continuos.
Peña Nieto anunció el miércoles la conformación de un equipo que se encargará de defender su triunfo ante el tribunal electoral.
López Obrador, quien quedó en segundo lugar en la elección con un 31,59% de la votación, dijo el lunes que analizaban pedir la anulación o invalidez de los comicios.
Mientras la invalidez tiene que ver con la violación de principios como limpieza y equidad, la anulación implica que se acrediten irregularidades en al menos 25% de los centros de votación.
La consecuencia de ambas, en caso de que se pruebe que hay elementos de invalidez o nulidad, sería realizar nuevas elecciones, algo que no todos ven como factible ante lo que consideran una dificultad para reunir las pruebas, por ejemplo, de la compra de votos.
Por ejemplo, la fiscal para delitos electorales de la Procuraduría General de la República, Imelda Calvillo, dijo que hasta ahora no cuenta con testimonios de personas que hayan declarado que dieron su voto a cambio de un pago.
La semana pasada algunas personas dijeron a medios, incluida The Associated Press, que habían recibido tarjetas prepago de un supermercado obsequiadas por el PRI.
«Es difícil, lo sabemos, que tengamos a estas personas declarando ante el Ministerio Público y que reconozcan que ellos comprometieron su voto», dijo la fiscal Calvillo al diario Reforma.
El tribunal electoral será el responsable de resolver cualquier impugnación y tiene hasta principios de septiembre para dar su fallo y determinar si valida o no la elección que dio el triunfo a Enrique Peña Nieto, del PRI, con un 38,21% de la votación.