El Consejo Superior Universitario (CSU), aprobó, al fin de cuentas, que personal del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil ingresen al Campus Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), si por alguna razón de peso se considera que existe peligro para los estudiantes, profesores y el resto de trabajadores.

Esto, derivado de persistentes conflictos entre estudiantes de varias unidades académicas, por intereses más pecuniarios que universitarios.

La situación, como siempre, despertó opiniones encontradas, pues por otro tipo de razones, en el pasado se vedó el ingreso de esa clase de autoridades a la Usac.

Sin embargo, no debe perderse de vista que se trata de situaciones extremas, con el supuesto de mantener el orden en el ambiente universitario.

Es buena la medida y no vulnera la autonomía universitaria, como piensan algunos; pues, además, ésta no depende de que al Campus ingresen o no las fuerzas de seguridad del Estado. De igual manera, no se pretende que sea como fue en los años de la guerra.

Por aparte, debe cuidarse el uso que se le dé a la nueva medida, pues tampoco se trata que cuando los estudiantes protesten, y seguro lo harán en determinado momento, cuando las decisiones de las autoridades afecten sus intereses académicos, en primera instancia se les eche encima a las fuerzas del orden.

Me parece atinada la disposición, pero debe considerarse muy bien el caso en que deba implementarse.

Otro acierto que es necesario destacar, es la solicitud de cierre de los expendios de bebidas alcohólicas en las afueras del Campus. Estas, nunca debieron instalarse ahí.

En otro tema, y probablemente el más relevante en este caso, es que se debe aprovechar el buen sentido que el CSU está exhibiendo y, que además de las acciones que está tomando, se decida a depurarse a sí mismo, de una buena vez.

¿Difícil? Puede ser, pero es indispensable para que en realidad prevalezca el interés por la academia y no por el poder de ciertos puestos de representación que la Constitución y otras leyes le delegan a la Usac. Es un paso trascendental que el Consejo debe tomar.

Para empezar, debe considerar el número de períodos que cada decano puede fungir como tal, y en la parte académica, observar muy cuidadosamente los jurados de oposición que sirven para determinar el ingreso de nuevos profesores al claustro de maestros.

En ese mismo sentido, también es indispensable que las personas que integran el Consejo estén comprometidas con los intereses académicos y de nación que Guatemala necesita.

Porque las unidades académicas no pueden estar enseñando con pensa de estudios que tienen más de diez años, por ejemplo. O con profesores que son amigos de directores y decanos y, por tanto, no se les requiere el nivel de exigencia que la actividad docente amerita.

Adicionalmente, el CSU no puede dejar de considerar que los inconvenientes en cuanto a la prioridad académica no se dan solamente en las unidades que en la Usac se denominan Facultad, sino también en aquellas que son llamadas “escuelas no facultativas”. Que dicho sea de paso, son numerosas y con gran cantidad de estudiantes también.

Es una oportunidad y necesidad, que la máxima autoridad de la única universidad estatal del país no puede dejar pasar; pues también, el uso de los recursos que recibe de parte de los guatemaltecos, merece que quienes deciden cómo se gasta, representen los intereses de Guatemala.