Históricamente cuántos magistrados o jueces han sido capaces de impartir justicia de forma independiente, objetiva y ecuánime. ¿Qué es más fácil? Hacer la de Poncio Pilatos, lavarse las manos, ligar a prisión preventiva o imponer fianza y demás medidas precautorias a un sindicado de trascendencia y connotación política o tener la entereza de decirle al Ministerio Público, a la CICIG, a los medios de comunicación social o a los grupos de poder que la acusación que se plantea es infundada e improcedente.

En el gobierno de Óscar Berger se iniciaron las denuncias políticas, el fiscal Juan Luis Florido no fue más que un “achichincle” sin virilidad de quienes lo apoyaron para ser diputado y lo nombraron Fiscal sin haber siquiera renunciado a la diputación. Por supuesto que los delitos de contrabando de combustible, de furgones y contenedores completos que entraron por la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, las movidas del ferrocarril, la onerosa remodelación del aeropuerto nunca fueron considerados, mucho menos investigados como delito por el Ministerio Público.

Cuántos magistrados y jueces están dispuestos a hacer bien su función, cuántos si lo hacen permanecerían en su cargo, cuántos serían indirectamente despedidos o trasladados. Por el contrario, cuántos serán premiados por su gestión o por su subordinación. Esas preguntas ni se preguntan.

La actual Corte Suprema de Justicia se ha colocado ante la opinión pública nacional e internacional de quienes respetan la ley, buscan y apoyan el Estado de Derecho, en una muy, muy deplorable situación al remover como jueza a Silvia Violeta De León Santos de Miranda. El cambio de condiciones de trabajo que le aplicó y que se ha pretendido justificar por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial, Thelma Aldana es inadecuado y sumamente inoportuno. La justificación que el informe de la Supervisión General de Tribunales dio sobre el desempeño de la juzgadora indica que tiene 36 denuncias administrativas acumuladas desde su nombramiento como juez de ese tribunal desde 2004 y que además tiene llegadas tarde a su trabajo es arena inconsistente. ¿Qué juez en el Organismo Judicial no tiene denuncias administrativas acumuladas, qué juez nunca ha llegado tarde o se ha retirado a mediodía a almorzar o hacer otras diligencias personales? Seguramente todos lo han hecho, distinto hubiera sido que la CSJ en pleno se manifestara sobre si la juez De León Santos había procedido correcta y legalmente o no en la causa que varios medios de comunicación, en sus noticias y editoriales, le han criticado; si la jueza en su razonamiento jurídico tenía o no razón para no ligar a proceso a los acusados debe quedar claro. Removerla y nombrarla como jueza suplente es un despido indirecto, es condenarla a que su carrera judicial quede totalmente lisiada.

Prensa Libre en su editorial del 31 de mayo plantea que la jueza no debería ser trasladada por los señalamientos sino destituida, olvidándose que ser señalada no significa ser culpable.
Con esa misma fecha, el editorial de elPeriódico arremete contra la jueza De León por haber retirado a su reportero y fotógrafo del tribunal cuando la estaban entrevistando quienes cubren dicha fuente. Señala el editorial que la jueza debe aceptar que los medios la fiscalicen y si bien es cierto que todos estamos expuestos al análisis público, no se debe olvidar que se debe respetar la presunción de inocencia, el debido proceso, las garantías judiciales, el derecho de aclaración y de respuesta que en nuestro país se olvida y manipula.
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