Nadie discute que ya fueran ladrones, corruptos o secuestradores todos debieran ser severamente castigados. Pero ello no significa que podamos agarrarlos a palos en la vía pública, los quememos vivos o los matemos a pedradas. Para hacer justicia hay que cumplir un procedimiento. De igual manera a todos nos parece injusto que el propietario de una mansión en la zona residencial más lujosa de Guatemala pague un IUSI igual o menor al que con tanto sacrificio hizo su casita en uno de los barrios más pobres de la ciudad. Para hacer justicia sobre esta materia hay normas claramente establecidas, de tal manera que Su Muni siempre ha tenido los instrumentos en la mano. Lo que no puede hacer es retorcer la ley antojadizamente en su beneficio, emitir una disposición ilegal, mucho menos, pasarse sobre la Carta Magna, cuando nadie debiera vulnerarla.
A la hora de hablar del IUSI, como de cualquier otro impuesto, no puede hablarse líricamente sobre la necesidad que tiene el gobierno edilicio de fondos para hacer obras públicas; tampoco, aducir que el dinero que percibe no le alcanza; que en otros países se cobran más o menos impuestos sobre inmuebles o que si queremos mejores servicios públicos no hay otra salida más que pagar por ellos, porque a mi manera de ver las cosas, el que emite una ley debiera al menos ser el primer respetuoso de ella, dar ejemplo del buen uso, claridad o transparencia del dinero que maneja. Pero, ¿quién ignora que Su Muni maneja los fondos recaudados de sus contribuyentes por medio de obscuros fideicomisos?
Un Estado es algo más complejo que una máquina, porque se compone de seres humanos, todos libres y diferentes entre sí, tan capaces de obrar unos contra otros, como de poner en peligro la estabilidad social. El quehacer de una dependencia pública es algo ilimitado que no puede ceñirse al criterio de una sola persona, de su consejo o de su junta directiva, porque se trata del bienestar de los innumerables seres que componen la sociedad. De ahí, la necesidad de que las leyes que emita deben hacerse al más alto nivel, con la representación de todos sus integrantes y no por el capricho o intereses particulares de unos cuantos. Es por ello nuestro interés siga siendo vivir en Guatemala una real democracia y no tan solo de apariencia.
Aunque un alcalde tenga las mejores intenciones, sus disposiciones no pueden transgredir la Constitución de la República. Todos debemos entender que la ley es la ley, como que sin distingos todos debemos cumplirla. Aunque la gran mayoría estemos convencidos que nuestro municipio requiere del doble y a lo mejor hasta del triple de los recursos económicos que ahora percibe, nunca podrá significar que se mande al cesto de la basura el principio de la capacidad de pago de los contribuyentes, el respeto a la legítima defensa y tantas disposiciones más. De lo contrario, seguiríamos propiciando la anarquía, que a estas alturas, nos tiene a todos de cabeza, empezando porque muchos ciudadanos pretenden interpretar la ley como mejor les plazca.