La búsqueda desesperada de un alijo de drogas por un grupo criminal habría causado que el viaje de 15 nicaragüenses y un holandés terminara de manera fatídica el 8 de noviembre de 2008 en Zacapa, cuando fueron asesinados, rociados con gasolina y posteriormente carbonizados. Recientemente este paradigmático caso pareció avanzar en la justicia guatemalteca, y justamente unos días antes el presidente Otto Pérez Molina anunciaba que impulsaría el diálogo para despenalizar en la región no solo el consumo de drogas, sino también el transporte, que es el causante de buena parte de la violencia en el país ¿Podría esta medida evitar más muertes?

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Con las manos engrilletadas, Marvin Leonel Barrios –o Marvin Montiel Marín– no pudo abrazar a su esposa, Sara Elizabeth Cruz Mancilla, quien espera un hijo. Solo la besó y se separaron. Así, tras su audiencia de primera declaración en el Juzgado Primero de Mayor Riesgo, cada uno partió el pasado 13 de febrero hacia una cárcel distinta para guardar prisión preventiva.
La pareja fue capturada con fines de extradición el pasado 16 de agosto en México, por solicitud del Estado de Guatemala. El sindicado, conocido también como El Taquero, está en el país para ser procesado en el caso del “autobús de 15 nicaragüenses y un holandés”; se le acusa de los cargos de asesinato, asociación ilícita, conspiración para el apoderamiento y tráfico de drogas ilícitas; a su esposa, por otro lado, se le sindica de asociación ilícita.
A más de tres años y tres meses del suceso, la justicia parece avanzar en este paradigmático caso, que conmocionó a la opinión pública por los detalles que surgieron en torno a las pesquisas y sobre todo, por la hipótesis principal: El grupo criminal habría asesinado a los extranjeros mientras buscaban un alijo de drogas que creían escondido en el bus.
También, justamente a más de tres años y tres meses, surge una importante iniciativa para despenalizar no solo el consumo de droga en la región, sino también el tránsito, que es el causante de buena parte de la violencia en el país. La propuesta de dialogar sobre el tema surge directamente del presidente Otto Pérez Molina, quien busca una nueva estrategia para hacer frente al narco.
¿Puede la despenalización del consumo y tránsito de narcóticos detener la violencia que actualmente genera el narcotráfico? ¿Cómo evitar qué más viajes sean interrumpidos en el futuro por este tipo de violencia?
POSICIONES ENCONTRADAS
Pérez Molina le dijo a La Hora el pasado 11 de febrero que su propuesta para hacer frente a la amenaza del narcotráfico debe responder de manera integral a los desafíos que enfrenta la región en materia de seguridad.
Al ser consultado sobre si la despenalización se daría sobre el tránsito y no sobre el consumo de drogas, el Presidente aseguró que no, “la despenalización es completa”, por lo que dejó en claro que se abordarían ambos aspectos.
Para Ramón Cadena, Director de Comisión Internacional de Juristas, la propuesta no va a reducir los índices de criminalidad ni tampoco va a ser una solución a la violencia que genera el narco, porque la despenalización tendría que ser planteada a nivel continental y por ende, debería que ser una decisión de todos los países cercanos, incluidos México, Estados Unidos y los del Cono Sur.
Aunque Cadena no niega que se hubiera podido evitar la masacre de los nicaragüenses, señala que siempre se van a dar ese tipo de hechos delictivos alrededor de un fenómeno que pudiera ser legalizado. “Pero los hechos delictivos alrededor de ese fenómeno no van a detenerse, o sea que sí definitivamente, quizá podría variar un poco la metodología empleada y algunos otros aspectos en torno a los crímenes, pero se mantienen en principio”, apuntó el jurista.
Pero Carlos Aguilar, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, considera que la despenalización sí tendría una importante incidencia sobre el contexto de inseguridad que afecta a Guatemala y la región, pues la “ilegalidad” del negocio es uno de los principales causantes de la violencia.
Dice Aguilar que si se legalizara (como un plan a futuro), el Estado tendría que buscar las formas de generar mayores controles para evitar que ingrese droga ilegal al país, porque “lógicamente” la droga debería pasar por las entradas o aduanas del país y, en todo caso, se sabría qué persona o empresa la está importando, y pagaría los impuestos legales si se tuviera el control de dicha mercancía.
ILEGALIDAD Y VIOLENCIA
Las informaciones que resultan de las pesquisas realizadas por el Ministerio Público refieren que El Taquero buscaba un cargamento la noche de noviembre de 2008, puesto que debía conseguir una mercancía para compensar la que a él le habían robado antes.
En aquella fecha fue interceptado un ómnibus procedente de Nicaragua, que llegó a este país por la frontera con El Salvador, donde viajaban los nicaragüenses y el holandés, pues se presumía que trasladaba un alijo de drogas.
Mediante interrogatorios, con torturas incluidas, y el registro del autobús comprobaron los malhechores la inexistencia de la carga.
Luego de retener al autobús con los pasajeros adentro y para no dejar testigos, los criminales los llevaron a un terreno propiedad del supuesto líder, en jurisdicción de Zacapa, en donde asesinaron a tiros a los ocupantes del vehículo, que fue incendiado para dificultar la obtención de evidencias
A esa conclusión llegaron en la época los investigadores, quienes comprobaron que el objetivo del traslado de esas personas era la compra de mercancías en territorio guatemalteco para después comercializarlas en Nicaragua.
La investigación realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de Guatemala, precisó que las 16 personas murieron por heridas de bala en la cabeza, en las costillas y en la nuca, y luego fueron quemadas.
A criterio de Aguilar, en el caso del asesinato de los nicaragüenses y el holandés podría haberse dado la posibilidad de evitar las muertes, si antes se hubiese puesto fin a la prohibición.
Esto, porque la droga sería importada de forma legal desde los países productores, y entonces no habría temor de poder ingresarla, en contraste a como se realiza actualmente, de forma ilegal.
A la sazón “creo que cabría la posibilidad de que si estuviera en ese momento vigente, se hubiera podido evitar esa masacre, porque no encontraron la droga y provocó que gente inocente muriera”, puntualiza.
LOS IMPLICADOS
En abril de 2009, El Taquero y varios de sus cómplices evadieron una operación de las autoridades para capturarlos, supuestamente por una fuga de información, y más tarde el cabecilla y su conviviente fueron aprehendidos en territorio mexicano.
Sin embargo, el 7 de junio de 2010, el tribunal sentenció a Juan Policarpo Chinchilla a 50 años de cárcel por cada uno de los 16 asesinatos y a otros 20 por los delitos de conspiración y asociación ilícita. Chinchilla era guardaespaldas de El Taquero.
Policarpo fue señalado por un testigo protegido de la Fiscalía Especial para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), como supuesto autor del hecho, cuando trabajaba como escolta de Montiel.
También condenó a tres años de prisión conmutables a Rony Terraza, implicado en el caso, por el delito de encubrimiento.
Las pesquisas señalan que Q1.5 millones recibió Terraza, detenido por este caso, como jefe de obras de una construcción en el terreno del supuesto líder del grupo delictivo, Marvin Montiel Marín.
Por esta matanza continúan prófugos de la justicia Byron Eduardo Abalony Vargas, Nicia Lirinda Marín Solórzano, Mario Roberto Aragón García y Jorge Estuardo Montiel Marín.
El 03 de abril de 2009, los registros migratorios señalaron que los tres implicados se encontraban en Honduras.
También están sindicados Alberto Yuman Garrido y Héctor Estuardo González Morales.
El Tribunal Primero “B” de Alto Impacto, comenzará en los próximos días el inicio del debate oral y público contra estos.
Carlos Aguilar
Asociación de Jueces y Magistrados