Nuestra Constitución establece que en Guatemala todos los seres humanos somos libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Teoría o realidad?; ¿habrá algún compatriota que pueda asegurar que eso se cumple en la práctica?
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También dicta la Constitución que el interés social prevalece sobre el particular y que el Estado debe velar por la salud y la asistencia social de todos los habitantes y no solo para algunos privilegiados ¿Por qué entonces cada vez más servidores públicos abusan del poder e importándoles un bledo lo que diga la Carta Magna se autorrecetan prestaciones, seguros, ventajas o prebendas que contradicen el espíritu y las normas constitucionales, sin que nadie se los impida?
El viernes pasado, leyendo al Lic. Rodolfo Rohrmoser en Diario La Hora fue grato conocer sus conceptos sobre los fines de la Corte de Constitucionalidad, haciéndome recordar la expresión de mi adorada y desaparecida madre cuando le daba una buena noticia: “¿será verdad tanta belleza?” El ex magistrado de las cortes guatemaltecas es del criterio que se creó la CC como custodio de la Norma de Normas, como él le llama a la Constitución y que su función esencial es la defensa del orden constitucional, como que después del Serranazo lo actuado por ella fue en cumplimiento de esa función.
El Lic. Rohrmoser también sostiene que el artículo 272 del mismo cuerpo legal ordena que la Corte debe actuar, opinar, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su competencia establecidos en la Constitución. Aquí es donde cabe preguntar: ¿Por qué entonces no ha actuado para evitar que diputados, magistrados y tantos encopetados más puedan autorrecetarse privilegios que contradicen normas constitucionales, puesto que solo benefician a privilegiados servidores del Estado, olvidándose del resto de la población? ¿Es que no somos todos iguales en dignidad y derechos?
Podría llenar varias páginas del Diario La Hora relatando infinidad de actos y disposiciones legales dictadas por los tres organismos del Estado contraviniendo descaradamente la Constitución. Lo peor es que está comprobado que el abuso de poder se contagia tremendamente en el país. De ahí que aquel recién llegado alcalde de Mixco tranquilamente se duplicó el salario, otros funcionarios se lo triplican y otros hasta se recetan viáticos para un viaje al exterior aunque hayan sido invitados con todos los gastos pagados.
¿Cinismo, descaro o desfachatez? Vaya usted a saber qué es lo que predomina estimado lector, pero de lo que sí estoy seguro es que si es verdad el lema aquel que dice: “el pueblo unido jamás será vencido”, ha llegado la hora para que actuemos juntos para que la Corte de Constitucionalidad responda al clamor popular, impidiendo que se sigan cometiendo abusos de poder y tantas transgresiones más. ¿Vamos a permitir que todo siga igual con su tácita complacencia, haciéndose los desentendidos porque ellos mismos no cumplen su deber al tener de techo una tremenda plancha de vidrio?