Ayer informamos del reporte a las tres empresas telefónicas del robo de aparatos, de las cuales solo Tigo hizo el bloqueo, mientras que Claro y Movistar los mantuvieron activos.  Pero este reportaje también nos deja la clara imagen de la ineficiencia de una superintendencia que no se compromete con las necesidades de los usuarios.

El reportaje publicado ayer sobre el funcionamiento de aparatos de telefonía celular que fueron reportados como robados a dos de tres operadores (Claro y Movistar), deja también una clara imagen de lo que en materia de autoridad reguladora ha sido la historia en Guatemala.

  La Superintendencia de Telecomunicaciones ha salido a aportar su parte para confirmar que nada puede hacer al respecto y que es, en todo caso, resultado de la voluntad de las empresas lo que sucede o no en torno a aparatos que son declarados robados por usuarios.
  El problema no es de tomarlo a la ligera porque de todos es sabido que los robos de celulares provocan muerte, dolor y angustia dentro de las familias guatemaltecas que, día a día, se tienen que enfrentar a cientos de casos en los que se les arrebata el teléfono bajo el claro riesgo de parar entregando la vida con él.
  Y sale el señor superintendente diciendo que su trabajo se reduce a recibir un mensaje diario de los operadores sobre los teléfonos que, según se interpreta de sus declaraciones, les da la gana reportar como robados para ser ingresados en la base de datos de aparatos robados.  Eddy Padilla es el funcionario que eficientemente encontró una mediocre excusa para lavarse las manos.
  La SIT es, más que una superintendencia, una oficina facilitadora de las empresas porque la indiferencia con que el funcionario plantea un problema que genera muertos en Guatemala, es demostración de que no le interesa alterar en lo más mínimo el procedimiento que está establecido y que no funciona.
  Es preocupante ver cómo un tema que durante tanto tiempo ha sido discutido, sigue siendo tratado con tal dejadez.  Eso sí, claramente con autoridades que no hacen nada al respecto, de nada servirá que se aprueben más leyes porque la burla ya está planteada.
  Pero también debemos hacer un llamado de atención a algunos ciudadanos.  Aquellos que muestran su malestar por informaciones como esta, pero que en el primer chance que tienen de “comprar barato” un teléfono robado, utilizan este sistema con el que se mantienen activos los teléfonos, con el que se mantiene a delincuentes y con el que comen asesinos a costas del dolor de aquellos que sufren los resultados de la violencia.
  Es importante que las autoridades vuelvan a pensar a quién es a quien se deben.  ¿Será que el superintendente Padilla fue nombrado para ser el facilitador de las empresas o fue juramentado con la intención de proteger los intereses de un Estado que debería buscar el bien común?
  Lamentablemente y viendo las sencillas respuestas del superintendente a las preguntas que se le plantearon, ni siquiera él parece tener claro a quién debe rendirle cuentas.  Ojalá que esto nos sirva para entender que requiere mucho más que esa indignación temporal para detener este problema.
 
Minutero:
Que espantosa la tendencia 
de proteger a empresas;
con la tal Superintendencia 
que les arregla las mesas