En el mundo, pero sobre todo en Guatemala, la política es vista como una fuente de negocio que en componendas con diversos poderes ocultos y otros miembros de la sociedad, terminan desvirtuando el fin último de ésta que es gobernar con mística de servicio pensando en el bien común de las grandes mayorías.

La semana pasada el Presidente de la República declaró que a él le consta la compra de voluntades que se ha dado en el Congreso y que a muchos diputados se les ha pagado para que cambien de filas políticas. No lo dudo ni un segundo y considero que dicha práctica es inmoral e incluso susceptible de ser penada por las leyes más recientes dado que reciben dinero por su calidad de diputados, o en materia fiscal, ya que ni siquiera facturan “los servicios” que prestan al partido que los contrata.

El Presidente, calculador, no quiso meterse en honduras al declarar de forma abierta cómo es que funciona nuestro Congreso en el sentido que el transfuguismo no es la única razón por la que cobran algunos diputados; él con sus congresistas y de otros partidos, han participado en el juego de ponerle precio a los votos que se cancelan en efectivo o con obras pactadas con el listado geográfico; práctica que viene desde varias administraciones atrás.

La manera en que se aprobó el Presupuesto y la forma repentina en que se aprobaron las modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones son indicios claros que ha corrido algo más que la voluntad patriótica de muchos legisladores en ciertos temas específicos. El diputado que no se anda vendiendo, que no anda pactando y transando de forma turbia, es uno que se queda solo y que lastimosamente ni huele ni hiede porque como sociedad ni siquiera aplaudimos esa forma de actuar.

El Presidente tampoco nos contó que el origen del problema está en la forma en la que se asignan las casillas para las diputaciones. Esas están reservadas para los caciques de las comunidades quienes además de aportar dinero a la campaña presidencial, se deben encargar de sufragar todos los gastos de la misma en su distrito. En el listado nacional y distrito central, esos lugares se apartan para quienes “donan” grandes cantidades o para quienes decidan los más fuertes financistas y para muestra, el actual Presidente del Congreso.

Entender cómo es que funciona nuestro Congreso es una obligación de todo guatemalteco porque no podemos decir que los diputados sean los únicos responsables del descalabro institucional que afecta nuestro sistema, pero sí son grandes responsables. Han existido diputados que han comentado que les han entregado hasta Q250 mil en efectivo por determinados votos y otros que han estimado que una ley de corte empresarial puede llegar a costar Q80 millones de quetzales; reparto que, por supuesto, no es equitativo pues la mayor cuota se la llevan los diputados “cabezones”.

Además, debemos agregar las diferentes obras que se asignan en el listado geográfico y que sirven para que en componendas con algunos gobernadores, alcaldes y consejos comunitarios, más la utilización de amigos o testaferros, se atiborren de dinero haciendo obras sobrevaloradas, de mala calidad o en ocasiones, que ni hacen y solo se embolsan el dinero.

Por tanto, el Presidente tiene razón, hay compra de voluntades, pero no solo para cambiar de partido sino también para defender determinados intereses, para promover ciertas causas particulares y para fraguar situaciones que terminan siendo muy rentables para algunas personas o sectores. Todo eso sucede porque cada cuatro  años salimos a votar en un espejismo llamado democracia, sin darnos cuenta que nuestro voto alienta un sistema perverso.

En esas condiciones pensar en una Guatemala próspera en donde la integridad del ser humano, en especial de nuestros niños, sea la prioridad y en la que generemos oportunidades para aquellos que las piden a gritos, es imposible y es indispensable que como ciudadanos estemos conscientes y conozcamos una de las tantas realidades que nos ofrece el sistema que nosotros hemos propiciado con nuestras acciones u omisiones, en especial, la indiferencia.